Madrid.- Sólo ocho diputados, seis de los nacionalistas catalanes de Unió, el diputado de Foro Asturias y el de UPN apoyarán al PP en su reforma, por la puerta trasera, de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo para obligar a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar a tener el permiso de sus tutores legales, aún en el caso de que ello pueda costarles la vida o los mismos hayan sido los causantes de su embarazo.

La modificación de la Ley que regula la interrupción del embarazo, hecha a través de una disposición de rango inferior para no tener que solicitar los dictámenes obligados en una Ley Orgánica, fue precedida hoy de un anuncio por parte de círculos gubernamentales de que es el preludio de una involución en toda regla de los derechos de la mujer en España a fin de lograr no sólo su suspensión, como se hará hoy respecto a las jóvenes hasta los 18 años, sino "su total supresión".

El conjunto de las fuerzas políticas de oposición en el Parlamento denunció hoy esta actuación del PP por electoralista, injusta, por desproteger a las menores más desasistidas, las que ahora tendrán que pedir el consentimiento a sus violadores o torturadores para poder interrumpir el embarazo provocado por ellos, o ser, incluso asesinadas, sólo para satisfacer un intento del Gobierno de recuperar el voto de la Conferencia Episcopal.