Fiscalía investiga posibles delitos de contratación laboral en el sector público asturiano

Fiscalía investiga posibles delitos de contratación laboral en el sector público asturiano

Asturias (E.P.).-La Fiscalía Superior del Principado ha abierto diligencias de investigación sobre la posible existencia de delitos de prevaricación y nombramientos ilegales en relación con la contratación de personal laboral de empresas y fundaciones del sector público del Principado de Asturias.

 

   Esta investigación responde a la denuncia presentada por el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies el pasado 24 de marzo ante la Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública.

   En ella, según indica el colectivo, se hacía referencia a procedimientos de contratación del personal laboral por parte de empresas y fundaciones "por incumplir los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que exigen convocatorias y bases públicas y transparentes y órganos de selección imparciales, profesionales e independientes".

 

   "En dicha denuncia señalamos que la información facilitada por varias Consejerías respecto a algunas entidades, empresas, consorcios y fundaciones permite concluir que se ha incumplido la legalidad de aplicación de manera palmaria y evidente", apuntan desde Conceyu.

   Como ejemplo, indica que la situación de algunas empresas públicas, con mención a la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. (Asturex) que reconoce la contratación sin convocatoria pública de un director general y seis técnicos superiores, varios de ellos procedentes del Idepa, de la Cámara de Oviedo, de la Cámara de Avilés y de Presidencia del Principado.

 

   En cuanto a la Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, desde Conceyu señalan que la entidad reconoce "la contratación sin convocatoria pública de un técnico informático, una coordinadora general y de un ordenanza".

   "La Fundación Comarcas Mineras (Fucomi) reconoce que los procesos de selección del personal directivo, docente y de apoyo se realizan en base a varias Órdenes Ministeriales del año 2001, conforme a las cuales se excluye la normativa establecida para la selección del personal de las Administraciones Públicas", comentan desde el Conceyu por Otra Función Pública.

 

   Asimismo, se refieren a la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA (Gitpa), que señala que la selección de sus trabajadores la realiza una empresa privada (Eulen SA).

 

   "Otras empresas públicas como las ya citadas Asturex y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, la Fundación Asturiana de la Energía, la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias SA o la Inspección Técnica de Vehículos SA (Itvasa), indican que realizan convocatorias en la prensa o en su página web, pero no aportan acreditación de la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ni de la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección", remarcan los denunciantes.

 

   Asimismo, en la denuncia presentada ante la Fiscalía se advierte de que el Principado de Asturias no entregó a Conceyu la información solicitada sobre la contratación de personal de empresas y fundaciones públicas tan relevantes como Gispasa, Recrea, la Fundación Niemeyer, SERPA (Servicios Públicos del Principado de Asturias SA), Sogepsa o Sasec, entre otras.

 

   Con todo, el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies vuelve a reiterar que "la existencia de una Administración paralela en la que la selección del personal se hace con criterios de empresa privada, lesiona gravemente los derechos fundamentales a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en base exclusivamente a sus méritos y capacidades" y confía en que la recién creada Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública "investigue a fondo los procedimientos de contratación efectuados en las empresas y fundaciones del sector público asturiano y exija responsabilidades".

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