Al rechazar la exigencia de los pueblos indígenas del oriente de paralizar las actividades hidrocarburíferas en Aguarague, el presidente Evo Morales advirtió el jueves que ello provocaría una pérdida de 3.960 millones de dólares al año.

En una conferencia de prensa, el Jefe de Estado se refirió a algunas de las 16 demandas formuladas por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) que realizan desde hace 17 días una marcha hacia La Paz.

"Exigir la paralización de las actividades de exploración, explotación y exportación desde Aguarague, en el Chaco de Tarija, significaría un atentado contra la economía nacional y de los derechos de todos los bolivianos", anotó.

Señaló que una medida semejante provocaría una pérdida diaria de 11 millones de dólares.

Recordó que esos dineros sirven para promover el crecimiento del país y democratizar la economía a fin de derivar esos recursos al pago de bonos sociales y entregarlos a las Gobernaciones, Municipios y Universidades por efecto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

"El reclamo de un derecho no significa afectar los derechos de todos los bolivianos", enfatizó.

El Mandatario agregó que otra de las demandas de los marchistas es lograr la entrega de 18 millones de hectáreas de tierras que se sumen a las 12 millones que ya tienen bajo su control.

"Las 12 millones de hectáreas benefician a unas 150.000 personas, a razón de 80 hectáreas por persona, lo que contraría lo que sucede en las zonas del occidente donde las poblaciones viven en espacios reducidos", dijo.

Morales remarcó que, peor aún, los dirigentes de los marchistas exigen el control de las tierras fiscales por encima de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), que es la institución que impide la explotación ilegal de madera y tierras.

Indicó que existe información sobre el uso que hacen algunos pobladores de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) con sus propiedades vendiéndolas a empresarios nacionales y extranjeros, pese a que existe una prohibición constitucional.

Indicó que otra de las demandas es que el Gobierno autorice que los pueblos indígenas reciban directamente el pago de bonos de carbono, o compensaciones de las naciones capitalistas a cambio de seguir con su política violatoria del medio ambiente, lo que pone en riesgo la sobrevivencia del planeta.

El Presidente afirmó que el contenido de las demandas de los dirigentes de los marchistas muestra que se origina en las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) antes que en las propias bases.

"Es una marcha sui géneris que avanza 40 o 50 kilómetros por día, cuando lo real es que no se puede superar los 20 kilómetros", dijo.

Señaló que se conoce el uso de vehículos de las ONGs y el aprovisionamiento, además del financiamiento de empresarios madereros y grupos políticos de oposición.

La marcha impulsada por la CIDOB se inició con la única demanda para impedir la construcción del trazo II de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, a fin de que no pase por el medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pero después incluyeron otras demandas.

El Jefe de Estado lamentó que, pese a la disposición de las autoridades, los dirigentes de los marchistas se resistan a dialogar, lo que muestra que persiguen intereses políticos, antes que reivindicatorios.

Puntualizó que el Gobierno respeta la marcha, pero exhortó a los que la integran a reflexionar que es injusta porque perjudica al pueblo boliviano.