En rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, Martínez preguntado si coincide con la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha defendido la rentabilidad económica y social del ferrocarril y de la Alta Velocidad, ha indicado que a la ministra lo que le piden es "compromiso con Asturias".

"Lo que pedimos a la ministra es compromiso con Asturias y que cumpla su propia palabra. Hay personas con más credibilidad y otras con menos, por eso le exigimos cumpla sus propios compromisos", ha dicho.

Así, ha insistido que el criterio del Gobierno asturiano es firme y conocido. "El AVE debe llegar a Oviedo y Gijón como estaba previsto. Es algo irrenunciable por además no es un proyecto que se agote en sí mismo. El mayor despilfarro ahora sería renunciar al AVE", concluyó Martínez.

El Principado califica de "aguinaldo" la partida destinada por Rajoy para la reforma de la Administración Judicial

   El consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez, ha manifestado este miércoles la oposición del Gobierno de Asturias a las "contrarreformas judiciales del Ejecutivo central" que reducen a 147.808 euros la asignación a la prestación del servicio de justicia gratuita a los asturianos y asturianas, entre otras materias, y el proyecto de eliminación de los registros civiles de los diferentes concejos y su centralización en el Registro Mercantil de Oviedo. "El Gobierno de Rajoy discrimina a nuestra comunidad en la reforma de la administración judicial".

   Estos dos asuntos han sido abordados por el consejero de Presidencia en la Conferencia Sectorial de Justicia, en Madrid, que reunió hoy al titular del ministerio, Rafael Catalá, con los representantes de aquellas comunidades autónomas con competencias en materia judicial, como es el caso de Asturias. Guillermo Martínez ha precisado que estas "contrarreformas han cercenado derechos a la ciudadanía y abierto la puerta a una justicia de primera, para los que se la puedan pagar, y otra, de segunda clase, para aquellos que carecen de recursos".

   Dos son los puntos esenciales sobre los que Asturias ha incidido en la Conferencia Sectorial de Justicia: la distribución territorial del crédito para la implantación del programa de reforma de la Administración de Justicia., con un presupuesto global de seis millones para todas las comunidades, y el proyecto de ley sobre los registro civiles, que prevé su desaparición de los municipios y su concentración en las capitales de provincia.

   De los seis millones, el Gobierno central ha asignado a Asturias 147.808 euros. "Aceptaremos el dinero", ha anunciado el consejero de Presidencia, "pero desde luego es una cuantía absolutamente insuficiente para paliar los efectos de la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Tasas impuesta por el Ejecutivo central".

   En el periodo 2013-2014, el Gobierno asturiano invirtió adicionalmente en el servicio de justicia gratuita 700.000 euros, mientras que ahora el Ministerio de Justicia ha destinado a Asturias 147.808 euros, un 20% de la partida financiada por el Principado. "Estamos de nuevo ante un trato discriminatorio; por un lado, en la prestación de un derecho esencial a los asturianos y asturianas y, por otro, a Asturias que ha tenido que correr en solitario con el mantenimiento del servicio de asistencia jurídica gratuita", ha subrayado Guillermo Martínez.