La vista oral está señalada para este miércoles, 8 de abril, en el Juzgado de lo Penal número dos de Oviedo, a las 9.00 horas. En principio, está previsto que continúe el próximo día 10.

   La sociedad, de la que es administrador único el acusado, se constituyó en el año 2005. Su objeto social son servicios, elaboración y venta de alimentos para ser consumidos en raciones o al por mayor fuera del establecimiento, en la modalidad de servicio de catering, así como todos los servicios complementarios para la celebración de estos actos. En diciembre de 2012 cambió su domicilio social desde Madrid a Pruvia (Llanera), aunque la sociedad siempre ha ejercido la gestión y dirección de sus negocios desde este último lugar.

   La Fiscalía sostiene que los ingresos contenidos en las declaraciones de la empresa por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008 no se ajustan a su actividad real, pues omiten deliberadamente la contabilización de cantidades cobradas a clientes que pagaron sumas superiores al importe facturado. En las facturas constaban menos comensales que los que realmente asistían a las celebraciones. El Ministerio Fiscal mantiene que en el ejercicio 2007 el acusado dejó de ingresar una cuota de 146.322,13 euros y, en el de 2008, un total de 186.050,95 euros.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2007 y 2008, y solicita que se condene al acusado, por cada uno de los delitos, a 1 año y 3 meses de prisión, multa del tanto de la cuota defraudada (146.322,13 y 186.050,95, respectivamente), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años y costas procesales.

   Así, se solicita un total de 2 años y 6 meses de prisión, multas por valor de 332.373,08 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y la pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 6 años y pago de las costas procesales.

   Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el acusado sea condenado a indemnizar a la Hacienda Pública con 332.373,08 euros, más los correspondientes intereses legales, con responsabilidad civil solidaria y directa de la mercantil, que también será responsable directa y solidaria de las penas de multa solicitadas para el acusado.