Los alcaldes de FORO en los municipios asturianos denuncian la drástica reducción de hectáreas a efectos de los cobros de ayudas de la PAC, y han manifestado, a través de la alcaldesa de Peñamellera Alta, Rosa Domínguez de Posada, que “masacra las expectativas de los ganaderos a partir de este año 2015, tras la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos previsto en el Real Decreto 2/2013, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, para el año 2013 y siguientes, en lo referente a varios regímenes de ayuda, en su artículo único, apartado uno, añade una nueva letra n), en la que se prevé que ‘las superficies de pastos que presenten características que impidan un aprovechamiento total de las mismas por la presencia de elementos improductivos tales como roquedales, lagunas y otras zonas sin vegetación, así como pendientes elevadas u otras características que determine la autoridad competente, se les asignará en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) un coeficiente que refleje el porcentaje de admisibilidad a nivel de recinto SIGPAC, de modo que en dicho recinto la superficie admisible máxima, a efectos de los regímenes de ayudas directas, será la superficie del recinto multiplicada por dicho coeficiente’.
En caso de disconformidad con el coeficiente asignado se podrá presentar una alegación motivada al SIGPAC, tal como recoge el propio Real Decreto’”. “La pérdida masiva de hectáreas por la aplicación del Coeficiente de Admisibilidad de Parcelas, que afecta a la mayoría de los Ayuntamientos asturianos, requiere un posicionamiento conjunto y coordinado desde la Federación Asturiana de Concejos –añade Domínguez de Posada-, ante la FAC hemos registrado sendos escritos instando a la adopción de un posicionamiento conjunto en la demanda de soluciones tan necesarias para el medio rural asturiano”.
“Si no actuamos a tiempo y con contundencia, las pérdidas para los agricultores y ganaderos asturianos serán masivas e irrecuperables”, afirma y añade que “existen soluciones, como los usos tradicionales de los pastos, que ya están siendo reivindicadas en otras Comunidades Autónomas por diversos colectivos”.
“Como ejemplo existe una propuesta en Andalucía para evitar que este coeficiente diezme la superficie disponible en las dehesas, consistente en el encargo a la Universidad de la Comunidad Autónoma de un estudio en el que se muestra como las encinas y robles contribuyen positivamente a sumar alimento para el ganado en lugar de restarlo, gracias a la producción de bellotas y forraje, circunstancia que justifica el no descontar el terreno ocupado por este tipo de arboleda”.
“También citan existe la posibilidad de que se tengan en cuenta aquellas áreas en las que tradicionalmente se ha desarrollado el pastoreo, con independencia de la pendiente, o la vegetación, puesto que es perfectamente constatable la validez de dichos terrenos a estos efectos, aportando como mejor prueba décadas de actividad ganadera en las mismas, y teniendo en cuenta que las posibles discrepancias con el CAP asignado a un ganadero deben resolverse para que la superficie admitida sea la realmente pastable”, indica.
Domínguez de Posada ha explicado que “las administraciones competentes para su cálculo, aplicación y comunicación a los ganaderos son las Comunidades Autónomas, mientras que el Gobierno tiene la labor de coordinar y ayudar para su correcta ejecución, de ahí que los alcaldes reivindiquemos un posicionamiento conjunto desde la FAC, para reclamar a la Comunidad Autónoma correcciones que eviten el desastre que se avecina de continuar por esta senda”.
“Los alcaldes, cuyos municipios se incardinan en espacios naturales protegidos, hablamos de una pérdida encubierta de compensaciones, puesto que si las subvenciones en estos espacios son mayores como siempre se aduce, mayor habrá de ser en consecuencia la pérdida con el descenso masivo de hectáreas que ahora se avecina, lo que se traduce en pérdida de contraprestaciones que justifiquen las restricciones y limitaciones a las actividades que comportan las normas de protección medioambiental que, precisamente, han sido aprobadas recientemente por el Gobierno del Principado de Asturias”, señala.
“Si más del 80 % del territorio de Asturias es rural, y casi el 50% de la superficie que aprovechan los ganaderos es comunal, bien se justifica que un problema de tanto calado, que afecta a tantos municipios, sea tratado con todo rigor y dedicación por el ente que aglutina a los municipios asturianos”, concluye.
