En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, Trevín ha explicado que el PSOE ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma.

   Al parlamentario asturiano no le convencen los argumentos del PP que dicen que lo único que se hace es trasladar sanciones del ámbito penal al ámbito administrativo. La raíz del problema, según Trevín, es quién decide las sanciones. Así, mientras que antes lo hacía un juez, ahora lo hará el delegado de gobierno de turno, imponiendo unas sanciones económicas muy elevadas.

   "Es cierto que las faltas pasan al ámbito administrativo, pero el problema es que lo hacen de la misma manera que se encontraban en ese área todas las conductas que atentaban contra el régimen franquista, que sancionaban por pensar de forma diferente, por manifestarse, por reunirse o por expresarse de forma diferente", ha comentado.

   En aquel momento, antes de la llegada de la democracia, ha comentado Trevín, eran los gobernadores civiles los encargados de poner las sanciones. "Ahora van a ser los delegados del gobierno y no los jueces los que hagan lo propio", ha comentado.

   El socialista considera que las sanciones económicas son desproporcionadas y cree que un joven podrá ser multado con una elevada cantidad por el simple hecho de poner una pegatina pidiendo una mejor educación.

   También se ha referido a las movilizaciones de las activistas de Femen, el grupo feminista que suele protestar sin avisar y con los pechos descubiertos. "Se enfrentarán a sanciones de miles de euros", ha dicho.

   Todo esto, según el diputado asturiano, responde a la intención del PP de "recortar  libertades" bajo la excusa de la seguridad, ante el incremento de las protestas en la calle por la mala gestión de la crisis.

   Trevín, que fue delegado del Gobierno en Asturias en el último gobierno del PSOE, ha dicho además que la ley de Seguridad Ciudadana puede tener peores consecuencias en el Principado que en el resto de España, dada la tradición de movimiento obrero y reivindicación que existe. Ha recordado que en este momento existen en Asturias 40 sindicalistas con riesgo de entrar en prisión. "Asturias es el territorio donde más se evidencia que la calidad democrática está en retroceso", ha afirmado el diputado nacional.