El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, ha anunciado hoy que el PSOE interpondrá en los próximos días dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la ‘ley mordaza’ y otro contra el Código Penal y, en concreto, contra la prisión permanente revisable.

 Hernando ha explicado que la pena de la prisión permanente revisable “vulnera la dignidad de las personas” e “incumple el fin de la reinserción” de las personas establecido en el Código Penal, vulnerando, además, los artículos 25.2, 15, 9.3 y 10 de la Constitución.

          Para Hernando, es “absolutamente innecesaria” en España, donde la pena máxima es de 30 años, pudiendo aumentar hasta los 40 en los delitos más graves, y teniendo en cuenta, además, que el índice de criminalidad es de los más bajos de la Unión Europea.

          En relación a la ‘ley mordaza’, para Hernando el Gobierno del PP ha intentado con su aprobación “desalentar a los ciudadanos que protestan y se quejan legítimamente por sus políticas”.

          Hernando ha denunciado que el Gobierno del PP “establece un derecho penal para condenar al adversario ideológico, al que ejerce su derecho a la libertad de expresión”. “La ley mordaza inaugura un periodo de menos libertad y más vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas”, ha asegurado.

          La ley establece un derecho administrativo sancionador preventivo respecto a las manifestaciones y da cobertura a la actuación de la policía sobre indicios o sospechas al margen de la justicia, vulnerando los artículos 18, 21, 24, 25 y 104 de la Constitución.

          Hernando ha anunciado que en los próximos días el Grupo Socialista mantendrá reuniones con asociaciones de derechos humanos, colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales para ofrecerles la posibilidad de participar en la redacción de ambos recursos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso.

Devoluciones en caliente

          Además, ha anunciado que el PSOE también está estudiando recurrir la disposición sobre las devoluciones en caliente, para lo que pedirá “consejo” al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, “porque, aunque el Gobierno haya cambiado su redacción inicial, hay indicios de que pueda ser inconstitucional”.