El Parlamento asturiano ha aprobado por unanimidad en su última sesión plenaria de la legislatura el proyecto de ley por el que se establece una ayuda social por importe de 12.020,24 euros para las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, contaminadas por el virus de hepatitis C en los tratamientos seguidos en la sanidad pública.
Según se establece en el texto aprobado, estas ayudas están destinadas a pacientes contaminados por la hepatitis C en el tiempo en que no existían medios técnicos adecuados ni conocimientos para poder prevenir la transmisión del virus en los tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público asturiano.
La ley dispone de dos artículos. El primero de ellos reconoce la ayuda social y fija los requisitos y condiciones para ser considerado beneficiario de la misma. El segundo establece la necesidad de una convocatoria pública previa de las ayudas y prevé el abono en tres ejercicios por razones de contención del déficit público. La tramitación y pago de las ayudas corresponderá al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), que las abonará en tres plazos, con cargo a los ejercicios presupuestarios de 2015, 2016 y 2017, por importe de 3.000, 4.500 y 4.520,24 euros, respectivamente.
Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las de la Administración del Estado, quien en noviembre de 2000 aprobó un censo definitivo de afectados, en el que los beneficiarios deberán estar incluidos. En este censo figuran 37 asturianos.
En los últimos 10 años se ha identificado a los pacientes que han entrado en contacto con los servicios sanitarios con un diagnóstico principal de hepatitis C. Estos enfermos sufren diversos grados de fibrosis hepática y su seguimiento se realiza en los hospitales San Agustín, Cabueñes y HUCA. Los pacientes con hepatitis C en Asturias están siendo tratados con todo el arsenal terapéutico nuevo. El plan estratégico elaborado por el Ministerio de Sanidad introduce nuevos criterios de tratamiento con fármacos y requisitos de instalaciones, acreditación, formación del personal y metodología que deberán ser incorporados.
La introducción de nuevos criterios y exigencias organizativas precisará de una adecuación técnica. Así, el Principado ha reclamado ante el ministerio que el plan estratégico se complete hasta su aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, previsto para finales de marzo.
