El Pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este viernes, en la última sesión plenaria de la actual legislatura, la modificación de la Ley de Sindicatura de Cuentas que posibilitaría la imposición de sanciones coercitivas a las administraciones que no rindan cuentas.
La propuesta de reforma de la Ley de la Sindicatura ha sido promovida por UPyD. Su diputado, Ignacio Prendes ha valorado el consenso alcanzado entre los grupos para poder sacar adelante "esta reforma necesaria".
Según el diputado, se llena "un vacío legal existente en la Sindicatura, porque no estaba dotada de un mecanismo adecuado para conseguir esa rendición de cuentas".
Con la capacidad de imponer multas coercitivas, los grupos parlamentarios confían en que el trabajo del órgano "sea más fácil", ante los casos de administraciones que "se niegan a dar cuentas de qué hacen con el dinero público".
