El Juzgado ha reservado tres sesiones para la celebración de la vista oral, los días 19, 20 y 26 de este mes. La Fiscalía de Área de Gijón solicita penas que suman 65 años de prisión, el pago de multas por valor de 4.320 euros y de indemnizaciones que rondan los 65.000 euros para el acusado.

   El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, que trabajaba como ayudante de cocina en el establecimiento de hostelería El Lavaderu, en la calle Periodista Arturo Arias número 1 de Gijón, y que regenta una sociedad limitada del mismo ramo, durante los años en los que trabajó en el local y al menos desde el año 2004 hasta el 30 de septiembre de 2012, con el ánimo de menoscabar la salud de sus compañeros de trabajo, les suministró en los alimentos que preparaba para ellos el fármaco llamado Colme (Cianamida). Éste está indicado para la dependencia del alcohol y provoca una reacción si se ingieren bebidas alcohólicas.

   Así, todos ellos, que desconocían que les estaba administrando esa sustancia, sufrieron al ingerir alcohol cuadros de malestar general, como vómitos, mareos, pérdidas de peso inexplicables. Esto provocó que incluso algunos de ellos perdieran el trabajo por bajo rendimiento y otros se dieran de baja voluntariamente al percatarse que cuando no trabajaban, por coincidir con periodos vacacionales, o bajas por enfermedad, mejoraban de sus síntomas.

   El mencionado medicamento era suministrado al acusado, por su relación de confianza, en una farmacia de Gijón, incumpliendo la normativa que exige su dispensa bajo receta médica, hecho por el que se sigue un procedimiento administrativo en la Conserjería de Sanidad del Principado de Asturias.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de 13 delitos de lesiones y de 6 faltas de lesiones con la agravante de abuso de confianza. Solicita que se condene al acusado a cinco años de prisión por cada uno de los delitos (en total, 65 años) y el pago de una multa de dos meses a 12 euros diarios por cada una de las faltas (en total, 4.320 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

   Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado abone indemnizaciones a las víctimas que suman 43.940 euros y que pague al Sespa 20.647,80 euros por los gastos sanitarios ocasionados. De estas cantidades responderá como responsable civil subsidiaria la sociedad que regenta el acusado y, por ella, las compañías aseguradoras.