El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, ha informado a los medios de comunicación sobre el ahorro que se derivan de la nueva estructura del Principado resultante del Decreto 11/2011 de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de Principado, y que asciende a 4.966.052 euros al año.
Como es conocido esta estructura supone frente a la organización anterior una reducción de:
- 1 Consejería
- 3 Viceconsejerías
- 1 Secretaría General Técnica
- 13 Direcciones Generales
- 19 Servicios
El ahorro resultante de la reducción del número de altos cargos asciende a 3.049.395,92 € anuales. Además, esta medida supondrá una reducción de los gastos indirectos derivados de altos cargos (prensa, comunicación, dietas, teléfonos), que se traduce en un ahorro indirecto de 374.666 € anuales.
Las medidas de reducción de estructuras también afecta al Servicio de Salud que ha visto minorizados sus puestos directivos en un 30% lo que supone un ahorro, asimismo en términos anuales, de 294.660,8 €
Estas medidas destinadas a dotar a la Administración Regional de una mayor eficiencia también alcanzan al personal de confianza, cuya importante reducción supondrá un ahorro de 1.247.329,34 € anuales. De esta manera, frente a una plantilla de 124 personas de confianza con la que trabajaba el Gobierno anterior, se ha pasado a contratar a sólo 37 personas.
El importe de ahorro total que se ha conseguido con estas medidas es de 4.966.052,06 € al año
CRECIMIENTO DE LA DEUDA
El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego, ha informado sobre las consecuencias de un informe del Ministerio de Hacienda que afecta desfavorablemente a la situación de endeudamiento del Principado. Este informe revela que el endeudamiento de nuestra región superó los límites de déficit autorizados en 2010, lo que supondrá la paralización de las aportaciones del Estado en múltiples convenios con el Principado.
Con el fin de garantizar la estabilidad presupuestaria todas las Comunidades Autónomas están sometidas, entre otras medidas, a techos de endeudamiento y déficit. La supervisión del cumplimiento de estos límites corresponde, además de a otras instituciones nacionales y comunitarias, al Ministerio de Economía y Hacienda.
Todas las Comunidades Autónomas remiten al Ministerio sus cuentas de cierre de cada ejercicio presupuestario. Las últimas cuentas remitidas desde el Principado de Asturias al Ministerio son las correspondientes al ejercicio de 2010.
Tras su análisis, el Ministerio de Hacienda ha detectado que el Principado no incluyó en su endeudamiento, con ocasión del cierre de su contabilidad, el déficit en que había incurrido en 2010 la Junta de Saneamiento. En consecuencia, el citado Ministerio ha procedido a corregir en este extremo las cuentas regionales de esta Comunidad. Este ajuste en nuestras cuentas fue comunicado a la anterior Consejería de Economía y Hacienda el día 11 de mayo de este año.
Esta corrección supone que el déficit que al cierre de 2010 tenía contabilizado la Junta de Saneamiento, al margen del Gobierno asturiano, se sume al del propio Principado de Asturias, con el efecto negativo de que nuestra Comunidad ha superado los límites de déficit a los que estaba sujeta.
A esta situación, hay que añadir que para conseguir y garantizar que todas las Comunidades cumplieran los límites de endeudamiento, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 contiene una norma en la cual se señala que el Estado no efectuará aportaciones económicas a aquellas Comunidades Autónomas incumplidoras de los techos de déficit.
Las consecuencias del exceso de endeudamiento regional detectadas por el Ministerio de Economía y Hacienda supondrán la paralización de múltiples convenios de colaboración con el Estado de los que se derivarían aportaciones económicas millonarias para el Principado.
Hasta la fecha la Consejería de Hacienda y Sector Público ha sido informada de la paralización de tres actuaciones por un importe conjunto de al, menos 3 millones de euros.
El actual Gobierno ha tenido conocimiento oficial de esta circunstancia la semana pasada, cuando se produjo el nombramiento y toma de posesión de la nueva Interventora General del Principado de Asturias, Emma Ramos. El Gobierno anterior tuvo conocimiento de este ajuste, al menos, desde el 11 de mayo de 2011, antes de la celebración de las pasadas elecciones autonómicas y locales en Asturias.
