El juicio del ex dictador Jean-Claude Duvalier representa una oportunidad histórica para que el sistema de justicia de Haití resuelva algunos de los crímenes más aberrantes cometidos en ese país en el pasado, señaló Human Rights Watch en un informe difundido en el día de hoy.

El informe de 49 páginas "Haiti's Rendezvous with History: The Case of Jean-Claude Duvalier" examina aspectos jurídicos y prácticos del caso y concluye que Haití tiene la obligación jurídica internacional de investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Duvalier. El informe también analiza la capacidad de Haití de llevar adelante el juicio, la cuestión de la prescripción de los delitos de los que se le acusa, y la presunta participación personal de Duvalier en ciertos delitos.

"El juicio de Duvalier podría ser la causa penal más importante de la historia de Haití", señaló Reed Brody, asesor legal de Human Rights Watch. "Los desafíos que deberá enfrentar el débil sistema de justicia de Haití son enormes, pero la ayuda internacional puede ayudar al país a superar estos obstáculos".

Duvalier regresó a Haití el 16 de enero de 2011, luego de casi 25 años de exilio, y fue acusado de diversos delitos financieros y violaciones de derechos humanos. La investigación se encuentra en curso.

El régimen de Duvalier, que se extendió de 1971 a 1986, se caracterizó por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Cientos de presos políticos detenidos en una red de cárceles conocida como el "triángulo de la muerte" murieron a causa del maltrato sufrido o fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El gobierno de Duvalier cerró numerosos periódicos y estaciones de radio independientes. Los periodistas sufrían golpizas, y en algunos casos eran torturados, encarcelados y obligados a abandonar el país.

Según afirmó Human Rights Watch, Duvalier podría ser condenado conforme al derecho haitiano como "cómplice" de delitos cometidos por sus subordinados o en carácter de superior que no adoptó las medidas necesarias para impedir o sancionar los delitos cometidos por sus subalternos. Estos tipos de responsabilidad fueron aplicados por la justicia haitiana en el juicio contra los autores de la masacre de Raboteau de abril de 1994, que culminó con la condena, posteriormente revocada, de varios superiores, entre ellos Raoul Cédras, el líder de la junta militar que gobernó Haití entre 1991 y 1994.

En uno de los casos analizados por Human Rights Watch, más de 100 periodistas y activistas haitianos fueron arrestados el 28 de noviembre de 1980. Varios de ellos sufrieron torturas, y muchos fueron expulsados de Haití. El jefe de policía de Puerto Príncipe declaró posteriormente que Duvalier lo autorizó a "hacer lo que quisiera con estos periodistas", y el mismo Duvalier le dijo al New York Times que "estaba[n] obligados a actuar" para detener una conspiración contra el gobierno.

Human Rights Watch afirmó que el plazo de prescripción no podría ser invocado para impedir que se lleve a cabo una investigación penal. Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano cuyas decisiones son vinculantes para Haití, ha determinado en varias oportunidades que conforme a la obligación jurídica internacional de los Estados de investigar y juzgar violaciones graves establecida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los plazos de prescripción no se aplican a las violaciones graves de derechos humanos prohibidas por el derecho internacional. Asimismo, para los numerosos casos de "desapariciones" cometidas durante el régimen de Duvalier, el plazo de prescripción recién comenzaría a computarse cuando se conozca el paradero de las víctimas.

Investigar y juzgar a un ex jefe de Estado por delitos masivos cometidos entre 25 y 40 años atrás será una tarea compleja, especialmente si se tiene en cuenta la fragilidad del sistema judicial haitiano, expresó Human Rights Watch. El gobierno haitiano debería aprovechar al máximo los recursos limitados con los que cuenta, centrándose en incidentes clave ocurridos durante el gobierno de Duvalier, afirmó Human Rights Watch. Otros gobiernos y organizaciones internacionales deberían apoyar el esfuerzo de Haití brindando asistencia técnica especializada, dijo Human Rights Watch.

"Si Duvalier recibe un juicio justo, esto podría marcar un corte con la impunidad que ha caracterizado a Haití en el pasado", señaló Brody. "La asistencia internacional puede ser determinante para que este juicio ocurra".