Alfredo Carreño: “Esta decisión vuelve a cubrir de sospechas al Partido Popular de Oviedo, que supuestamente perdonó a Urvisa el pago de avales, pese a la nula intención de la empresa de generar empleo en Olloniego”

La venta de la parcela B-16 ha provocado ya la imputación del ex concejal, Alberto Mortera

 La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza, ha imputado a dos funcionarias del Ayuntamiento de Oviedo por un presunto delito de prevaricación administrativa en la tramitación de la venta de la parcela B-16 del Polígono Industrial de Olloniego por parte de la empresa URVISA, que, según la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista, se enriqueció presuntamente de forma ilícita al dividir y vender la citada finca, subvencionada con fondos mineros.

La denuncia del Grupo Socialista que ha derivado en esta imputación sostiene que las dos funcionarias firmaron informes a propuesta del PP para permitir que el Ayuntamiento devolviese el aval que depositó Urvisa en el momento en que adquirió la parcela B-16 del Polígono de Olloniego, que contó con subvenciones de los fondos con cargo al Plan de la Minería 2004 2005, y para permitir también que levantase la carga que conllevaba la compra de ese terreno, que tendría que haber sido destinado a la implantación de actividades que generasen empleo en Oviedo.

Para el portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Carreño, “esta decisión vuelve a cubrir de sospechas al Partido Popular, que permitió a Urvisa el incumplimiento de las condiciones que conllevaba la adjudicación de parcelas en el Polígono de Olloniego pese a la nula intención de la empresa de generar empleo al adquirir la parcela B-16. Es un ejemplo más del ‘tinglado’ montado por los amigos del anterior alcalde, Gabino de Lorenzo, y por amigos de miembros del PP”.

La Magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo ha citado a declarar como imputadas a las citadas funcionarias el próximo día 24 de Febrero. La investigación sobre la parcela B-16 ha provocado también la imputación del ex concejal, Alberto Mortera. “Esperamos la imputación de dos concejales más”.

Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista espera que el Ayuntamiento de Oviedo cumpla con su deber de defender los intereses de los ovetenses y denuncie la venta de la parcela A-19 del Polígono de Olloniego, una operación en la que, tal y como señala el reciente auto de la Audiencia Provincial, pudo existir un “posible incumplimiento de contrato” por parte de la empresa adjudicataria de la finca, SEPREGE, con la sociedad municipal de gestión del suelo, GESUSOSA.

Pero, teniendo en cuenta que esta sociedad mercantil ha desaparecido y ha asumido todas sus obligaciones y derechos el Ayuntamiento de Oviedo, es al Ayuntamiento al que corresponde el ejercitar las acciones resolutorias o indemnizatorias por el incumplimiento. Si no atiende a esas actuaciones, los responsables municipales incurrirían en responsabilidad contable,  una responsabilidad que es exigible ante el Tribunal de Cuentas.

Asimismo la Audiencia también establece la irregularidad relativa a la desgravación correspondiente a la tasa de obras aplicada a SEPREGE y, si bien no alcanza la cantidad de 120.000 euros para incardinarla penalmente, no significa que ésta no sea ilegal, con lo que el Ayuntamiento puede reclamarla a Seprege, incurriendo en caso contrario de nuevo en responsabilidad contable.

El Grupo Socialista respeta todas las decisiones judiciales, aunque entiende que el archivo de la causa se lleva a cabo en virtud de una supuesta falta de legitimación, sobre la que existen discrepancias importantes en la Jurisprudencia.

Hay que recordar que la operación de venta de la parcela A-19 del Polígono de Olloniego fue denunciada por el Grupo Municipal Socialista porque el Ayuntamiento de Oviedo certificó un proyecto que nunca vio la luz, un proyecto que nunca fue solvente ni nunca creó ningún puesto de trabajo, tal y como obligaban los pliegos de condiciones fijados para la venta del suelo del Polígono.

Es al Ayuntamiento al que corresponde ahora actuar, ante ese “posible incumplimiento de contrato de naturaleza privada”, que permitió que Seprege vendiese una parcela por la que esta empresa había abonado a la sociedad municipal Gesuosa tan solo 30 euros por metro cuadrado, dado que el Polígono de Olloniego estaba subvencionado.

“Sabemos que los empresarios a los que se les adjudicó las parcelas A-19 y B-16 se llevaron las subvenciones, pero dónde está la actividad económica y los puestos de trabajo que estaban obligados a crear?. El PP está obligado a dar la respuesta”.