Madrid (E.P.).--El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han coincidido en reclamar al Gobierno que modifique el sistema de fijación de precios por interrumpibilidad eléctrica, alegando que las subastas no funcionan como se demostró a finales del año pasado con el caso de Alcoa, una pretensión que el PP ha rechazado por "extemporánea".

   El Pleno del Congreso ha debatido este miércoles una moción de los nacionalistas gallegos, cuya diputada Rosana Pérez ha afirmado que el problema con el precio por interrumpibilidad "no está resuelto" pese a la segunda subasta celebrada en diciembre para asignar los paquetes no adjudicados en la primera ronda, ya que el próximo mes de noviembre "la temida espada de Damocles seguirá encima de trabajadores y empresas".

   "Mientras no se modifique todo el sistema tarifario el problema del coste de la energía seguirá obstaculizando, y en muchos casos impidiendo, la industrialización, la competitividad de la industria y el mantenimiento de la actividad y de los empleos", ha afirmado la diputada gallega, que propone por ello anular el sistema de subastas, volver "temporalmente" al sistema anterior y "reformular todo el mecanismo".

MÁS COMPETENCIAS PARA GALICIA

   En el nuevo procedimiento, añade, debería además preverse una tarifa específica para que comunidades excedentarias como Galicia puedan tener precios más bajos que compensen los daños sociales y medioambientales que conlleva tener instalaciones productoras en sus territorios. "Es posible fijar tarifas diferenciadas, como en el País Vasco. La tarifa única no ha existido siempre y no es inamovible, y sólo salvaguarda los intereses de las eléctricas", ha añadido.

   Pero, además, el BNG cree que hace falta incentivar y promover el sector de las energías renovables y traspasar a la Xunta de Galicia la competencia "exclusiva para diseñar y desarrollar" este segmento energético, de modo que no se vea "perjudicado" por las decisiones del Gobierno central como hasta ahora.

   La socialista Mariví Monteserín --diputada por Asturias y vecina de Avilés, donde se encuentra una de las plantas que Alcoa quería cerrar tras la primera subasta de interrumpibilidad-- ha coincidido en exigir al Ministerio de Industria "una salida definitiva y lo antes posible" a la situación de inseguridad jurídica que sufren las empresas electrointensivas.

   De hecho, ha llegado a pedir un "esfuerzo" a los partidos políticos para lograr un "acuerdo global" sobre este asunto "por el interés general", recordando que la recuperación de la economía y el empleo no será posible sin un "marco estable" para la industria y sin solucionar el "estrangulamiento energético" que sufre el sector. "Están en juego muchos puestos de trabajo", ha hecho hincapié.

"CHAPUZA LLENA DE PARCHES"

   El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, también comparte la iniciativa del BNG, alegando que la situación vivida tras la primera subasta de interrumpibilidad fue "lamentable" y llevó al "chantaje" de Alcoa a "toda la sociedad" mediante el "secuestro" de sus trabajadores.

   Una actitud que, sin embargo, cree que es la tónica general de las grandes industrias en toda Europa, por lo que reclama un sistema de precios "estable y no discriminatorios" con respecto al resto del continente para hacer competitivas a las empresas españolas en materias como el acceso a la financiación y la electricidad.

   Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, rechaza la posibilidad de romper el mercado único de la energía en España con una tarifa especial para Galicia pero coincide en que hace falta "poner orden" en un sistema eléctrico que ha definido como una "chapuza llena de defectos y parches".

   "Mientras no cambiemos un sistema opaco y falto de competitividad no podremos solucionar el problema del alto coste de la electricidad, que perjudica especialmente a la competitividad de los grandes consumidores industriales. El Gobierno ha tocado todo menos el origen del déficit de tarifa: la formación de precios, dejando en la oscuridad esta cuestión y haciendo que los consumidores paguen unos precios que no tienen nada que ver con la capacidad productiva de España", ha advertido.

   Por CiU, el diputado Toni Picó ha coincidido en que este debate es "muy importante" para las grandes y medianas empresas de todo el país, y ha recordado que si de verdad se quiere apostar por la reindustrialización --este mismo martes el Congreso aprobó una iniciativa en este sentido-- hace falta que el sector sea más competitivo, lo que pasa necesariamente por reducir el precio de la energía.

   "La recuperación industrial y la creación de empleo dependerán en gran medida de cómo sepamos reducir estos costes, y el sistema de interrumpibilidad es claramente mejorable porque su diseño actual comporta desajustes, inseguridades y costes a las empresas. Es necesario revisarlo, haciendo que esté realmente al servicio del sector y que sea una herramienta de competitividad y le dé seguridad", ha añadido.

MÁS EFICIENTE QUE EL SISTEMA ANTERIOR

   Sin embargo, la 'popular' Tristana Moraleja ha rechazado todos estos argumentos, calificando la iniciativa de "extemporánea" porque el problema con Alcoa por la subasta de interrumpibilidad ya se resolvió en diciembre, y porque el mecanismo en vigor actualmente es "más eficiente" que el anterior. De hecho, según sus datos los consumidores ya se han ahorrado 35 millones de euros gracias a este procedimiento.

   Además, ha rechazado la posibilidad de volver al anterior sistema de fijación de precios para evitar que la Unión Europea sancione a España por ayudas de Estado, y ha criticado que se ponga a los trabajadores de la industria "como justificación" de una demanda política, cuando el riesgo que sufrieron a perder su empleo no fue culpa del Gobierno sin de "la propia empresa".

   Finalmente, la diputada gallega ha insistido en que el PP "no votará a favor de mercados diferenciados" de la energía porque "el principio de solidaridad y de unidad de mercado están fuera del debate" y ha destacado que el Gobierno está de hecho trabajando por una mayor integración energética a nivel comunitario.

   La votación de la moción tendrá lugar este jueves y se realizará por puntos y sin incluir ninguna enmienda.