La Junta General del Principado ha rechazado, con 23 votos frente a 22, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Foro Asturias para reprobar a la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez.
El diputado de Foro Asturias, Juan Ramón Campo fue el encargado de argumentar la propuesta de su grupo para reprobar a la consejera por sus decisiones y actuaciones "contrarias a los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad que deben presidir sus decisiones y actuaciones públicas", con especial referencia a la "irregular tramitación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 del Principado de Asturias".
La iniciativa sí contó con el apoyo del PP, cuyo diputado Luis Venta Cueli ha remarcando que es el momento "oportuno" para evaluar la actuación del Gobierno, en este caso a la consejera de Agroganadería, a quien reprochó un "desconocimiento claro y público con consecuencias negativas para el medio rural asturiano".
El portavoz de IU, Aurelio Martín, que reiteró las críticas de su grupo a la gestión de María Jesús Álvarez, argumentó, no obstante, que "ha pasado el tiempo de reprobaciones" ya que la Cámara autonómica está al final del ciclo parlamentario y, por tanto, "se acerca el momento de que las reprobaciones correspondan ya a los ciudadanos". En la misma línea, el diputado de UPyD Ignacio Prendes explicó que no iba a apoyar la reprobación.
Por su parte, el diputado socialista Marcelino Marcos ha defendido que el Principado "vela por los intereses" del sector, ha cumplido con la normativa relativa a transparencia y participación y se ajusta a las indicaciones europeas. "El único PDR que tiene menos observaciones de la Comisión Europea que el de Asturias es el de Baleares", ha apuntado, asegurando que los argumentos para la reprobación "caen por su propio peso" por lo que ha reclamado que "no se trate de confundir a los asturianos".
Además, en la sesión de esta mañana se aprobó una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida para instar al Gobierno del Principado a exigir al Ejecutivo central a impulsar una reforma constitucional que revoque y deje sin efecto la reforma de la Constitución de 27 de septiembre de 2011, por la cual se modificó su artículo 135.