En un comunicado de prensa, Llamazares ha explicado este lunes que ha exigido respuesta al Gobierno sobre qué ha hecho desde hace dos años, tras la muerte de los dos primeros trabajadores en accidentes laborales para que la Inspección de Trabajo exigiera a la empresa Armón medidas efectivas en materia de prevención de riesgos laborales.
Asimismo, también ha demandado medidas para velar por que las investigaciones de la Policía Científica, la Policía Judicial y la Inspección del Trabajo sobre las causas de la muerte del trabajador Jorge Díaz y de las dos muertes anteriores sean rigurosas y, en su caso, depuren y exijan posibles responsabilidades.
El pasado miércoles 28 de enero falleció Jorge Díaz, de 47 años, trabajador de una subcontrata (Fuyro) del astillero gijonés de Armón, en un accidente laboral cuando recibió un golpe en la cabeza mientras trabajaba a gran altura cambiando el cable de una grúa.
El diputado de IU ha preguntado al Gobierno si va a verificar si la empresa y sus subcontratas están respetando las normas en materia de prevención de riesgos laborales y el protocolo de seguridad pactado con el comité de empresa, además interroga al Gobierno sobre si piensa exigir a la empresa que invierta en seguridad.
La falta de delegados sindicales de prevención propios de Armón Gijón ha sido considerada por LLamazares como "una de las claves de la alta siniestralidad laboral en el astillero, un centro de trabajo con 15 subcontratas y en el que la mayor parte de los trabajadores son de subcontratas, por lo que carecen de representación sindical y, por lo tanto, de delegados de prevención". "Mientras siga así, seguirá siendo un centro de trabajo inseguro", ha dicho el diputado.
Representantes de los trabajadores vienen denunciando coacciones a la plantilla y amenazas de despido por parte de la empresa, a aquellos que han denunciado deficiencias en la seguridad como andamios precarios, falta de mangueras de ventilación, cables por el suelo o la inexistencia de protocolos de rescate y medidas, ha afirmado Llamazares. El diputado ha demandado al Gobierno una investigación para "verificar y, en su caso, sancionar a la empresa" si esta situación es cierta.
