El senador de IU Jesús Iglesias denuncia que el Gobierno del PP deteriora la sanidad pública en una clara estrategia para favorecer a la privada, que debe ser contestada. Iglesias advierte que desde el año 2009 se produjo un recorte muy importante del gasto en la sanidad pública, pasando de 70.464 millones de euros a un gasto presupuestado en 2014 de 57.632 millones. Desde el año 2008, según datos de CCOO, se han perdido 55.000 empleos en el sector sanitario y desde la entrada del Gobierno del PP, según datos de Hacienda, se han perdido 30.000 empleos. “Esto ha significado un deterioro en la atención sanitaria”, denuncia el senador tomando como referencia tanto estos datos como los informes de la OIT, del Centro Europeo para el Control de las Enfermedades   y el del Defensor del Pueblo que constata la saturación de las urgencias hospitalarias

Cuando se deteriora lo público se abre espacio de negocio para el sector privado, advierte. Por eso 7,1 millones de españoles tienen un seguro privado de salud individual y otros 3,4 millones tienen una póliza colectiva, pero el  74% de estas personas que tienen un seguro de salud también hacen uso de la sanidad pública, lo que termina con una leyenda que utiliza el sector privado, que es que la sanidad pública ahorra cuando se contratan lo privado. Sin embargo, estos utilizan la privada para puentear plazos o acortarlos en la lista de espera, pero en los casos de enfermedad grave o atención prolongada,  normalmente acuden a la sanidad pública, con lo cual al final ahorran a las pólizas de seguros, a las empresas.

A juicio de Iglesias, es tan evidente el incremento del uso de la sanidad privada como consecuencia de   los recortes que sus cifras se ha incrementado un 35%. A su vez, se está produciendo un aterrizaje de los fondos de capital riesgo en la sanidad española, denuncia.

A la vez, explica el senador, el ‘think tank’ de las compañías de seguros privados comienzan a hacer avances sobre la figura del “paciente responsable”, es decir de aquel que cuida su salud frente a los que no lo hacen para establecer discriminaciones,  subir o bajar las primas. Su objetivo sería excluir a pacientes, por ejemplo fumadores, hipertensos u otros enfermos que, a su juicio, no se cuiden.