La consejera explica que la disposición transitoria segunda de la LOMCE indica que "los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la renovación del concierto educativo o reducido las unidades escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación diferencia por sexos podrán solicitar que se les aplique lo indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del actual período de conciertos en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor".

   En este sentido, la consejera ha reiterado que "la voluntad del Gobierno de Asturias era la no renovación de los conciertos con los colegios que segregan por razón de sexo. Así lo hicimos y la titular de los centros, Fomento de Centros de Enseñanza, lo llevó a los tribunales. Las distintas fases judiciales han ido dando la razón a la decisión del Principado".

   Recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desestimó el recurso interpuesto por la entidad propietaria de los colegios Los Robles y Peñamayor contra dos resoluciones de la Consejería de Educación que impiden la renovación de los conciertos educativos a los centros que segregan por razón de sexo. También desestimó el recurso interpuesto por la Asociación de Padres de Alumnos de los colegios contra las dos resoluciones de la Consejería de Educación.

   La Ley Orgánica de Educación establece que, con el fin de favorecer la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas serán de objeto de atención preferente y prioritaria en la aplicación de la Ley.

   "Desgraciadamente el PP en su obsesión por un cambio ideológico ultraperiférico en la ley de educación, que nos retrotrae 30 años en la historia educativa de este país, incluyó una disposición adicional en la LOMCE que hace obligatoria la renovación de estos conciertos con los colegios que segregan por razón de sexo", ha subrayado Ana González.

   La titular de Educación ha afirmado que el Gobierno de Asturias mantendrá la reclamación económica interpuesta por el Tribunal Supremo que había incrementado la caución (una especie de fianza o seguro de garantía) a los dos centros hasta los dos millones de euros. La Administración autonómica tendría derecho a recuperar esta cantidad en el caso de que se desestime de manera firme el recurso contencioso-administrativo impuesto por Fomentos de Centros de Enseñanza.

Foto: fomento.edu