En opinión de González el impuesto está plenamente justificado desde un punto de vista medioambiental, ya que como dicen la propia UE y el derecho comunitario "quien contamina debe pagar más". Para la parlamentaria de Podemos los centros comerciales en las periferias urbanas "suponen un incentivo añadido la movilidad en automovil", con el consiguiente aumento de las emisiones de CO2 y contaminación atmosférica, así como son instalaciones que consumen grandes extensiones de territorio y suelo rústico, obligando además a la construcción y el mantenimiento de infraestructuras para facilitar su acceso.

   Por último, desde el punto de vista medioambiental, este tipo de espacios tienen un alto nivel de consumo energético para su funcionamiento interno debido al uso masivo de iluminación artificial y de equipos de aire acondicionado en ellos. Según la representante de Podemos la Comisión se coloca del lado del "lobby de los grandes centros comerciales", que "tras fracasar en su intento de tumbar en el Tribunal Constitucional el impuesto que se aplica en Asturias y otras comunidades autónomas han acudido a la UE a buscar refugio en nombre del libre comercio y la competitividad".

   Para la parlamentaria sería un error considerar que Asturias y las otras autonomías que aplican impuestos a los centros comerciales están incurriendo en medidas proteccionistas del pequeño comercio y obstaculizadoras de la libre competencia "cuando son las grandes superficies las que han sido sistemáticamente beneficiadas por las administraciones con medidas como la liberalización de los horarios comerciales, la apertura en festivos o diversas medidas de planificación urbana muy ventajosas para su instalación y funcionamiento".

   Según González la Comisión se posiciona de este modo "del lado del fuerte, dejando a la intemperie a un pequeño y mediano comercio que crea empleo y riqueza en su territorio, contribuye a dar vitalidad a los barrios y favorece un consumo de cercanía y proximidad con mucho menor impacto medioambiental". La eurodiputada recuerda también que mientras el pequeño comercio crea en España aproximadamente 1.200.000 puestos de empleo, las grandes cadenas de distribución apenas generan 200.000 empleos en nuestro país.