Uno de los acusados era encargado de obra de una empresa subcontratista, otro jefe de obra, el tercero director de ejecución de obra de la empresa principal y el último jefe de producción. Según el fiscal el primero dio las órdenes y permitió la continuación de la actividad, después de que se desestabilizara una primera vez sin hacer ninguna comprobación sobre la estabilidad del terreno. El resto permitió la continuación de la actividad, después de que el equipo de trabajo se desestabilizara la primera vez, sin hacer ninguna comprobación sobre la estabilidad del terreno.

   Según el fiscal, el accidente ocurrió el 29 de septiembre de 2006, en una obra de construcción de 140 viviendas garajes y trasteros en la calle Manuel del Fresno, Vallobín, Oviedo, cuando una autobomba de hormigonado volcó, como consecuencia del desplazamiento del terreno que la sustentaba, y la pluma golpeó en la cabeza a uno de los trabajadores, J. D. I, que falleció. Otro trabajador, J. G. F., resultó herido con golpes y varias fracturas.

   El Ministerio Fiscal sostiene que el vuelco se produjo por el hundimiento del terreno debido a la falta de resistencia del mismo; no se había preparado para que soportara el peso de la autobomba y no se adoptó ninguna medida para comprobar su adecuación y resistencia al peso de la máquina, ni se comprobó que la estabilización del equipo fuera la correcta. Poco antes del accidente ya se había registrado otro incidente con las patas derechas de la máquina, que se habían hundido en el terreno, cuestión que se comunicó a los acusados, que ordenaron continuar con la obra.

   La Fiscalía mantiene que ninguno de los acusados cumplió con el plan de prevención de riesgos de la obra para este tipo de actividad, ya que no se informaron sobre la resistencia del terreno, tampoco comprobaron si la resistencia del mismo era adecuada para utilizar otro tipo de máquina, reforzar el terreno o buscar otro emplazamiento para el equipo, y ello, pese al incidente previo que se había registrado.

   Además, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen con un total de 187.200 euros a la familia del fallecido; con 216.707 euros al trabajador lesionado y al Sespa, con la cantidad que se determine en concepto de gastos sanitarios. De estas cantidades responderá directamente la aseguradora de la empresa subcontratista I de la excavación y estructura y la de la empresa principal y contratista, así como las que, en su caso, tuvieran los acusados, y de forma subsidiaria, las dos sociedades.