Ante el anuncio de la reforma de la Constitución en España, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y al principal lider de la oposición, Mariano Rajoy, para solicitarles que aprovechen esta oportunidad, o se comprometan para el futuro, incluyendo en la reforma dos cuestiones que afectan a la protección de los derechos humanos.

En primer lugar, la organización considera que la Constitución debe garantizar la máxima protección de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin establecer distinciones ni prioridades, tal y como reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y numerosos instrumentos internacionales ratificados por España.

Amnistía Internacional solicita que el derecho a la vivienda y a la salud aparezcan recogidos en la Constitución española bajo el epígrafe de los derechos fundamentales algo que mejoraría su protección, garantías y exigibilidad. La situación actual impide, por ejemplo, la posibilidad de que estos derechos se exijan directamente ante los tribunales cuando se ven vulnerados.

En España, donde la pobreza afecta a unos nueve millones de personas, derechos económicos, sociales y culturales como la vivienda y la salud no están protegidos igual que otros. Y sin embargo, son derechos de igual rango que el derecho a la libertad de expresión o a un juicio justo.

Derecho a la vivienda

La organización solicita esta reforma constitucional en el contexto de crisis económica en el que muchas personas han perdido su vivienda. Desde 2007, año de inicio de la crisis, hasta finales del 2010 se han iniciado 271.570 ejecuciones hipotecarias.

Y muchas más carecen de una vivienda digna. Según el censo de 2001, en España hay aproximadamente 1.500.000 infraviviendas. Además, la Encuesta sobre personas sin hogar de 2005 estima que 21.900 personas se encuentran en esta situación, mientras que organizaciones como Feantsa, que trabajan por el derecho a la vivienda y combaten la exclusión de las personas sin hogar, estiman que la cifra asciende a 38.000 personas.

Esta situación tiene  un grave impacto en el disfrute de otros derechos humanos. A esto se suma la indefensión de las personas que son objeto de desalojos forzosos.

Derecho a la salud

En España se estima que entre 90.000 y 180.000 personas que no han trabajado nunca o que no han recibido ningún tipo de prestación por desempleo carecen de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.
 
Y en cuanto a salud mental, los recursos del Estado para atender a estas personas son limitados, lo que dificulta que se puedan conseguir diagnósticos tempranos y tratamientos adecuados y eficaces. Según datos de 2008 de la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, con 6.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

Pena de muerte

Por otra parte, a pesar de que la pena de muerte quedó abolida en España en 1995 con la supresión de la misma del Código Penal Militar, la Constitución sigue haciendo mención a ella en el artículo 15 para tiempos de guerra. Amnistía Internacional considera que la reforma debería eliminar la mención a la pena de muerte en la Constitución e incluso prohibir expresamente su aplicación.

Una iniciativa en esta línea sería además coherente con el impulso que el gobierno español ha dado a la abolición de la pena capital en el mundo, liderando la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte