El director general de Minería del Gobierno asturiano, Isaac Pola, ha desvinculado al Gobierno por completo de la denegación de ayudas a la producción de carbón a la Compañía Minera Asturleonesa, que no se incluye en la lista de adjudicatarias de las subvenciones publicada este viernes en el BOPA.

   En una rueda de prensa ofrecida este jueves, Pola ha recordado que el Gobierno asturiano no interviene en la concesión de estas ayudas, que depende del Instituto de Carbón (Ministerio de Industria), y ha recalcado que su único papel es tramitar los certificados de titularidad de las explotaciones y de la existencia de planes de labor, acción que ejecutó con respecto a la Compañía.

   Ha desmentido rotundamente que la Administración asturiana haya remitido un informe al Ministerio desaconsejando la concesión de estas ayudas a la empresa como ha mantenido el responsable de Astur Leonesa, Rodolfo Cachero. "No es cierto, no existe tal informe", ha recalcado, en respuesta a los periodistas. Así, ha especificado que los dos únicos documentos expedidos por la autoridad minera autonómica fueron el de titularidad de las explotaciones y de certificación de los planes de labores-que la empresa solicitó el 17 de octubre y le fue enviado el 21 del mismo mes-, y otro de titularidad y planes de labores de 18 concesiones circunscritas al entorno de Zarréu -que la empresa solicitó el 16 de diciembre y le fue remitido ese mismo día.

   "Creo que los datos son elocuentes de la celeridad de la tramitación", ha añadido el director general, para rechazar cualquier crítica referente a posibles retrasos o problemas de tramitación.

CIELO ABIERTO DE ZARRÉU

   Por otra parte, el director de Minería ha informado de que el Gobierno asturiano sigue tramitando los expedientes referentes a la explotación de cielo abierto de Zarreú (Degaña) para la Compañía Astur Leonesa. Confía en que en el plazo de una semana se solventen todos los procedimientos.

   Ha recordado que el trámite requiere la aprobación del plan de labores, la certificación del contrato de operador, la certificación de puesta en servicio de la maquinaria necesaria, la acreditación de los trabajadores, y por último la autoriazación de la puesta en funcionamiento. "Ha sido solicitado recientemente por la empresa, y está en curso", ha señalado Pola, para añadir que "en función de la calidad de la documentación afectada, esperamos que en una semana se puedan tramitar".