Madrid/Oviedo.-El diputado de FORO en El Congreso, Enrique Álvarez Sostres, ha manifestado hoy que “el Gobierno de España es partidario de potenciar la Corte Internacional de La Haya para juzgar, con carácter universal, los crímenes contra los derechos humanos”, estas declaraciones las ha hecho tras recibir la respuesta del Gobierno nacional a dos preguntas parlamentarias que había formulado en octubre pasado, para conocer “qué iniciativas tiene previsto adoptar el Gobierno de España para promover la creación de un Tribunal Penal Internacional (TPI) para la República Democrática del Congo como el que se creó para Ruanda” y para saber “en qué plazo se compromete el Gobierno de España a presentar la propuesta anterior ante la Corte Penal Internacional”.

De esta forma, Sostres ha manifestado que “me hice eco de las reivindicaciones de la periodista congoleña Caddy Adzuba, expuestas durante su discurso al recoger el premio de la Concordia en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, sugiriendo la creación de un TPI para la República Democrática del Congo como el que se creó para Ruanda, de manera que los crímenes contra la Humanidad cometidos contra las mujeres y los niños congoleños en estos últimos 18 años no queden impunes”.

El diputado ha explicado que “el Gobierno ha respondido que ‘apoya firmemente la labor de la Corte Internacional, que tiene vocación de convertirse en un Tribunal Internacional de carácter universal, para enjuiciar aquellos crímenes especialmente graves que más preocupan la comunidad internacional’”.

En la respuesta a la pregunta de Álvarez Sostres, el Ejecutivo manifiesta su apoyo a esta Corte Penal Internacional “para que pueda seguir luchando contra la impunidad en países como la República Democrática del Congo”, y explica que “para ello, no se precisa la creación de un nuevo Tribunal Internacional ad hoc, porque la Corte ya está ejerciendo sus funciones”.

Sostres ha indicado que “he invitado a Caddy Adzuba a visitar el Congreso de los Diputados y me he puesto a su disposición para procurarle los contactos con otras fuerzas parlamentarias que le permitan continuar y extender su justa y denodada lucha”.

Ésta es la respuesta íntegra enviada por el Gobierno al diputado de FORO, Enrique Álvarez Sostres:

“El Gobierno ha venido apoyando firmemente la labor de la Corte Internacional desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma y ha ratificado los instrumentos internacionales reguladores de los crímenes de los que conoce dicha Corte (crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). España viene además prestando un especial apoyo al Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas a base de contribuciones voluntarias.

El pasado 25 de septiembre, España depositó el Instrumento de Ratificación de las Enmiendas de Kampala en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Estas enmiendas suponen la ampliación de los crímenes de guerra y la tipificación del crimen de agresión (definición y condiciones de ejercicio de la jurisdicción de la CPI), con lo que su ratificación refleja el sólido compromiso de nuestro país con la defensa de los derechos humanos y la labor de la Corte Penal Internacional en línea con el apoyo que España viene dando a este órgano desde su creación.

En estos momentos, la Corte Penal Internacional tiene abiertas varias causas por crímenes cometidos en la República Democrática del Congo (es el país donde más casos está conociendo la Corte) y, de hecho, la primera sentencia firme de la historia de la Corte fue dictada el 23 de mayo de 2014 en el caso Fiscalía contra Germain Katanga, condenando a éste a 12 años de prisión por crímenes cometidos en la RD del Congo.

Otro caso de crímenes cometidos en ese país (Fiscalía contra Thomas Lubanga Dyilo) se encuentra pendiente de que la Sala de Apelación confirme la condena de 14 años impuesta en primera instancia. Y en otro caso abierto en la actualidad por crímenes cometidos en ese país (Fiscalía contra Bosco Ntaganda), la Corte confirmó el pasado 9 de junio, 13 cargos contra éste, entre los que figuran acusaciones por violación y esclavitud sexual de la población civil, en tanto que crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La Corte Penal Internacional tiene vocación de convertirse en un Tribunal Internacional de carácter universal (ya han ratificado el Estatuto de Roma 122 Estados) para enjuiciar aquellos crímenes especialmente graves que más preocupan la comunidad internacional, pero siempre bajo el principio de subsidiariedad, correspondiendo a los Estados la responsabilidad primera de perseguir estos crímenes.

En estos momentos, el Tribunal Internacional que conoce de los crímenes cometidos en Ruanda durante el genocidio, tiene prevista la finalización de sus actividades a finales de año y por ello ya se está empezando a dar traslado del trabajo pendiente al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Internacionales. Lo mismo sucederá pronto con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

En este contexto, España seguirá apoyando la labor de la Corte Penal  Internacional para que pueda seguir luchando contra la impunidad en países como la República Democrática del Congo. Para ello no se precisa la creación de un nuevo Tribunal Internacional ad hoc, porque la Corte ya está ejerciendo sus funciones, como se ha puesto de manifiesto en los casos mencionados anteriormente”.