Madrid (E.P.).-Las llamadas subastas de interrumpibilidad lanzadas por el Gobierno entre las industrias con gran consumo de electricidad, que han generado una especial controversia por el anuncio de Alcoa de despidos y cierres de plantas tras su celebración, acumulan una decena de recursos ante el Tribunal Supremo procedente de empresas y patronales.

   En concreto, el Alto Tribunal analiza varios recursos contra la orden del Ministerio de Industria 2013/2013 en la que se detalla el nuevo mecanismo de asignación del servicio de interrumpibilidad y contra la 346/2014, en la que se recogen los detalles de las subastas.

   Entre los denunciantes destaca la asociación empresarial de referencia en el sector siderúrgico, Unesid, que agrupa a empresas de la talla de ArcelorMittal, Gonvarri, Acerinox, Celsa, Tubacex o Tubos Reunidos, y que ha sido especialmente crítica con la norma.

   También han acudido a la Justicia la patronal de empresas cementeras, Oficemen, y dos empresas siderúrgicas por separado, que son Siderurgia Sevillana y Megasa. Hay además un grupo de recurrentes con intereses en renovables que denuncian la financiación del coste de interrumpibilidad por parte de tecnologías poco gestionables, entre los que se encuentran Iberdrola, EDP España, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y Acciona.

   Pese a que Alcoa se ha situado en el centro de la controversia tras no haber logrado bloques de interrumpibilidad para dos de sus tres plantas en España, el Supremo no ha notificado hasta la fecha la presentación de ninguna denuncia por parte de esta compañía, que no forma parte de Unesid.

   El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró este viernes que el ERE presentado por Alcoa "no tiene nada que ver" con las subastas de interrumpibilidad, en contra de lo que sostiene la multinacional. Soria aseguró además que la empresa podría haber obtenido un buen precio eléctrico si hubiese pujado por las plantas de Avilés y A Coruña en los mismos términos en que lo hizo para la de Lugo.

   El servicio de interrumpibilidad consiste en un pago a los grandes consumidores de luz a cambio de detener su actividad en momentos en los que exista saturación en el sistema eléctrico. Su coste para para la tarifa, de unos 750 millones anuales, quedará reducido a unos 500 millones como parte de la reforma energética, de la que forman parte las órdenes ministeriales recurridas.

   Para asignar la interrumpibilidad, la reforma energética recoge la creación de las nuevas subastas, en las que las empresas pujan por bloques de megavatios a un menor precio eléctrico a cambio de ofrecerse a recortar su consumo si así se lo pide el operador del sistema.

BNG y Foro Asturias pedirán cuentas a Soria para evitar que el cierre de Alcoa acabe con miles de empleos

 El Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Foro Asturias (FAC) exigirán el próximo miércoles al ministro de Industria, José Manuel Soria, que aclare al Congreso qué hará para evitar que el cierre de las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña acabe con la consecuente pérdida de miles de empleos.

   El primero en llevar el asunto al Pleno de la Cámara del próximo miércoles será el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, quien ya tenía previsto plantearlo en la sesión de control al Gobierno de esta semana pasada.

   La ausencia de Soria en ese Pleno, sin embargo, provocó esa pregunta se aplazara a este miércoles, cuando el diputado asturiano requerirá al ministro que tome medidas "propias de Boletín Oficial del Estado (BOE)" para evitar el cierre de Alcoa.

CULPA DEL GOBIERNO

   Y es que a juicio FAC, la situación que atraviesa la empresa es responsabilidad del Gobierno central, dado que la "crisis de origen energético" que sufre el sector del aluminio es consecuencia de la falta de un suministro eléctrico a precios homólogos a los europeos, lo que resta competitividad a un sector del que el Principado y Galicia son referencia.

   "El precio de la energía eléctrica en Asturias y en España se ha disparado, y ya es un 30% superior al precio que pagan en otros países europeos competidores con España. En el caso concreto de Alcoa, el coste de la energía representa un 40% del coste total de la producción de aluminio", explica el diputado en una nota de prensa.

   Esta "problema crítico" se deriva, a juicio de Álvarez Sostres, de las decisiones adoptadas tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como por el de Mariano Rajoy, cuya gestión está resultando "nefasta" para los ciudadanos y supone un "duro golpe" para las empresas.

   Por eso, Álvarez Sostres cree que el Ejecutivo está "obligado" a aprobar "soluciones reales, concretas y urgentes" para equiparar los costes eléctricos con los competidores europeos y evitar el cierre de la empresa.

   "No queremos que nos hable de reuniones, encuentros y comisiones, no queremos que maree la perdiz con explicaciones; le exigiremos que presente soluciones reales a través del Boletín Oficial del Estado", insiste el responsable de FAC en Madrid.

UNA VOTACIÓN TRAS EL RECESO NAVIDEÑO

   En esta misma línea irá la interpelación que la diputada del BNG Rosana Pérez tiene previsto dirigir al titular de Industria el miércoles. En su caso, su iniciativa dará lugar a la votación de una moción en el próximo Pleno, presumiblemente en enero o febrero.

   El pasado 24 de noviembre la multinacional del aluminio confirmó su intención de estudiar la viabilidad de sus plantas de Avilés y La Coruña tras no haber obtenido precios competitivos en la subasta eléctrica de los servicios de interrumpibilidad celebrada la semana anterior.