Aurelio Martín, diputado de IU en la Junta General, advirtió hoy de las consecuencias que va a suponer para los ayuntamientos y las autonomías del Real Decreto de 1 de Julio de 2011, del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que hasta el momento ha pasado desapercibido. Este texto incluye una regla de gasto para los consistorios y las autonomías que fija que “el crecimiento de su gasto computable” no podrá superar la tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de la economía española que se define como el crecimiento medio del PIB, expresado en términos nominales, durante 9 años.

Éste es un nuevo ajuste de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que implica, a juicio de Martín, un recorte del autogobierno autonómico y local. En el primer caso limitará los presupuestos de todas las comunidades y supondrá, por ejemplo, que el crecimiento de sus presupuestos estén limitado por el del PIB aunque la institución autonómica pueda contar con recursos propios -como pudiera ser el incremento de impuestos- para elevar sus partidas y destinarlos a iniciativas para salir de la crisis.