Madrid.-Greenpeace rechaza la aprobación hoy en el Congreso de Diputados del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y su paso al Senado, que ha salido adelante con el único voto a favor del Partido Popular, y a pesar de las repetidas críticas de organizaciones civiles, asociaciones de juristas e incluso sindicatos policiales.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana conlleva un incremento notable de infracciones relacionadas con comportamientos y conductas relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Así, 15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma afectan directamente a estos derechos fundamentales, lo que denota el interés particular de este Gobierno por reducir, a través de la potestad sancionadora, estos derechos.
“Si, como es previsible, esta reforma sigue adelante, los derechos fundamentales que amparan a las organizaciones ecologistas para defender el medioambiente quedará fuertemente mermado y aquellos que lo destruyen podrán, todavía más, quedar impunes ante las consecuencias de sus actividades irresponsables”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace.
“Ayer 10 de diciembre se cumplieron 66 años de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero en nuestro país el día de los Derechos Humanos de 2014 ha sido un día para olvidar, porque solo un día después el Partido Popular ha dado otro paso más para la aprobación de la Ley Mordaza, usando la imposición de su mayoría absoluta”, ha añadido Soto.
El Gobierno del Partido Popular ha querido justificar esta reforma aludiendo a una supuesta demanda creciente de la ciudadanía en torno a la seguridad. Esta justificación no es avalada ni por las encuestas oficiales sobre la preocupación de la ciudadanía ni por los datos de criminalidad. Por este motivo, la Plataforma No Somos Delito ha solicitado la intervención del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (1)
“Para Greenpeace y otras organizaciones de la sociedad civil, el motivo de esta ley no es garantizar la seguridad ciudadana, sino desincentivar y reprimir las nuevas formas de expresión y protesta como consecuencia del descontento social y las movilizaciones sociales debido a la crisis institucional, económica y de valores en la que estamos inmersos”, ha señalado Soto.
Esta persecución de la protesta pacífica ha coincidido con el final del juicio oral en la Audiencia Provincial de Valencia contra 16 activistas y un fotoperiodista por un acto de protesta pacífica realizado el 15 de febrero de 2011 en la Central Nuclear de Cofrentes.
“El juicio a los 17 de Cofrentes está visto para sentencia, y el derecho a disfrutar del medio ambiente y el deber de defenderlo, consagrado en en el Artículo 45 de la Constitución Española, en la encrucijada”, ha apuntado Soto.
Nota:
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Cartas de la Plataforma No Somos Delito al Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas: http://nosomosdelito.net/documentos/2014/11/19/carta-al-consejo-de-europa-y-naciones-unidas
