La Plataforma participa en una jornada divulgativa en la localidad de Súria (Barcelona), en la que se realizará un análisis comparativo de los proyectos auríferos de Salave y Corcoesto y toda la problemática derivada de la acción de las grandes transnacionales del sector minero sobre las comunidades afectadas por megaproyectos extractivos.

La sesión, se desarrollará el 10 de diciembre en horario de 11:20 a 14:30 en la sala de conferencias del INS Mig-Món, analizará en detalle la evolución de la minería del oro en España en los dos proyectos más polémicos; el de Corcoesto, finalmente cancelado por la Xunta de Galicia, y el de Salave en Asturias, actualmente en fase de tramitación ambiental y que ha desatado la rotunda oposición de asociaciones vecinales y colectivos ecologistas de todo el Principado.

Así, la mina de oro de Corcoesto, en la comarca coruñesa de Bergantiños, preveía emplear anualmente inmensos volúmenes de reactivos en la recuperación del mineral, como 2.856 toneladas métricas de ácido clorhídrico, 4.368 de cianuro o 6.384 de sosa caústica, generando a cambio más de 17 millones de toneladas de residuos tóxicos al final de su vida útil, lo que acabó generando una inusitada reacción social contra la megaminería y provocando la anulación del proyecto por parte de las autoridades gallegas.

Por su parte, el proyecto minero de Salave, tal como está concebido actualmente, ha sido desautorizado por la Confederación Hidrógráfica del Cantábrico, organismo competente en Asturias en materia de aguas, al evidenciar que existe el riesgo de afectación sobre el dominio público hidráulico y el vertido de sustancias como el arsénico, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio o zinc a niveles superiores a los autorizados por la normativa y potencialmente peligrosos para el medio ambiente.

UNA COMARCA CATALANA AFECTADA DESDE HACE AÑOS POR EL SECTOR MINERO

El acto se celebrará en pleno corazón de la comarca barcelonesa del Bages, afectada por las escombreras salinas de la cuenca del río Llobregat procedentes de las minas de potasa de Iberpotash, filial de la israelí ICL, que está provocando una seria afectación en la calidad de las aguas destinadas al consumo humano que abastece al área metropolitana de la capital y que la propia Comisión Europea ha calificado como "un peligro para la salud de las personas".