Desde el colectivo han asegurado que esta práctica ha generado un enriquecimiento injusto, algo que el Principado "sabía desde hace años, porque desde la Coordinadora Ecoloxista se les había denunciado esta practica, que hizo oídos sordos a nuestras denuncias".  Agroseguro es una empresa privada pero subvencionada en un 75% por el estado y las comunidades autonomas.

   El pasado sábado la Fiscalía del Principado de Asturias acusó por estafa a "numerosos ganaderos" asturianos, más de 200, por el presunto cobro de indemnizaciones por daños del lobo. Según explicó el Ministerio Fiscal, estos ganaderos habrían cobrado "por partida doble" la pérdida de cabezas de ganado tras los ataques del lobo.

   Los ecologistas han afirmado conocer que "se han dado casos de solicitudes de indemnización cursadas ante la Consejería de Agroganadería a las que el ganadero adjuntaba el documento que acreditaba el cobro previo y la cuantía ya abonada por Agroseguro".
Además aseguran que "el fraude fue objeto de debate en el seno de la propia Consejería, que decidió 'hacer la vista gorda' por temor a enfrentarse al sector ganadero, y ello pese a que la propia Agroseguro había trasladado a la Administración el hecho de los dobles cobros y solicitado su colaboración para impedir el fraude".

   La coordinadora ha acusado también a algunos ganaderos de adquirir "potros en Galicia y Portugal a 50 euros, llevarlos para que se los comiera el lobo en el Occidente asturiano donde cobraban 150 euros por ellos. Hay ganaderos beneficiados que nunca han vendido un caballo, todos se los comió el lobo y son centenares"."Es llamativo que el volumen de caballos afectados por daños sea el 50% de los ataques en los últimos años, cuando el numero de caballos en los montes es menos del 20% del ganado", explican desde el colectivo.

   Por último, los ecologistas han considerado las resoluciones administrativas que autorizaron la muerte de lobos basadas en el número de daños, a sabiendas de la falsedad de tal variable podrían suponer un tipo penal de prevaricación administrativa por parte de los responsables del Principado por atribuir al lobo de un número ingente de daños de los que no es causante.