La diputada de IU apunta que Asturias no recaudará 38 millones de euros que junto a la bajada de Rajoy supondrán alrededor de 100 millones menos
Noemí Martín, responsable de Bienestar Social en la Junta General del Principado, aseguró esta tarde en la presentación de los presupuestos de esta Consejería en la cámara autonómica que son claramente insuficientes para atender a las demandas del salario social, la apertura de las residencias del ERA, las ayudas a la pobreza infantil o el refuerzo del tercer sector, entre otras cuestiones. A su juicio con este presupuesto y en esta situación de crisis, el Gobierno asturiano no debería permitirse llegar a acuerdos con el Partido Popular que implican una rebaja de la recaudación ya que con esas cuantías que no se van a recaudar podrían reforzarse los créditos destinados a las áreas mencionadas, entre otras. “Creo que es irresponsable en este contexto adoptar decisiones que reducen los ingresos. La prórroga presupuestaria es cierto que tiene consecuencias pero más consecuencias tiene la reducción de ingresos”, aseguró la diputada, al tiempo que parafraseó la argumentación que utiliza el Informe Presupuestario con el que el ejecutivo acompaña el proyecto. Martín apuntó que con la rebaja de impuestos del Gobierno asturiano se dejarán de recaudar 38 millones, que junto a la rebaja de Rajoy significarán alrededor de 100 millones de euros menos. La Consejería de Bienestar y Vivienda gestionará 376,1 millones de euros.
Noemí Martín preguntó a la nueva consejera por el salario social que cuenta con una partida ampliable dotada inicialmente con 83,3 millones de euros, cuantía que la diputada de IU cree escasa para terminar con la lista de espera de esta prestación que hoy es de 4.000 personas y cumplir el plazo de tres meses que dicta la ley, ya que en este año va a terminar con un gasto de 82,5 millones de euros. “Creemos que va a suponer bastante más del presupuesto previsto”, aseguró la diputada de IU.
Del mismo modo, demandó información sobre los dos millones de euros que el presupuesto destina a combatir la pobreza infantil. Martín considera que estas ayudas se quedarán muy cortas para atender a todas las familias en esta situación, dado que la estimación que maneja la propia consejería es de 11.000 familias. Según la diputada de IU llegarían para 2.000 hogares.
La diputada de IU también demandó una respuesta a los criterios que ha utilizado la Consejería para distribuir las partidas destinadas a las entidades del tercer sector, es decir preguntaba por qué a una entidad se le dan 60.000 euros y a otra 20.000, aunque no obtuvo una respuesta clara por parte de la Consejera. “Un año más nos quedamos con la duda, Consejera”, afirmó la diputada en el transcurso de la comparecencia.
El equipo de la consejera tampoco contestó por qué van a concertar 120 nuevas plazas residenciales en el ERA cuando hay 100 plazas disponibles en residencias que están funcionando a medio gas. Así mismo pidió información sobre con qué personal van a abrir las residencias públicas del ERA a lo que el Director del ERA respondió que tienen una imposibilidad presupuestaria estatal para nuevos puestos. “Ustedes tienen más de 200 plazas vacantes puras en todo el Principado y podrían utilizarlas para establecer como prioridad al ERA y abrir las residencias. Ya le preguntaré a la consejera de Hacienda”, reclamó Martín.
Por su parte, la diputada Marta Pulgar reflejó sus dudas sobre la posibilidad de que con el presupuesto de cooperación, una partida de 4,5 millones de euros, se puedan cumplir los objetivos del Plan de Cooperación, y denunció la bajada de 100.000 euros a la ayuda destinada al pueblo saharaui, cuyo compromiso era de 400.000 euros y finalmente contarán con 300.000. También criticó la ineficiente gestión en materia de vivienda que, a 1 de diciembre, solo ha gestionado un 34% de lo presupuestado. “Ya no es solo un problema presupuestario, sino de gestión ineficaz”, explicó la diputada. Un ejemplo de esto último es que el presupuesto hace continua referencia a un Plan de Vivienda 2014-2016 que no conoce el parlamento, a pesar de haber sido aprobado en septiembre de este año por el Consejo de Gobierno. “No conocemos las prioridades de este plan de vivienda, pero, desde luego de las explicaciones dadas no se aprecia ninguna novedad, ni se atiende a una realidad social acuciante, ni atiende a la pobreza energética”.