La Audiencia Nacional ordenó hace unas semanas al embotellador único de Coca-Cola en España cumplir la ejecución provisional de la sentencia que declaró nulo el pasado mes de junio el ERE, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias).

   En el auto, la sala daba un plazo de 5 días hábiles a las empresas de Coca-Cola para que manifestaran si, durante la tramitación del recurso de casación en el Tribunal Supremo iban a exigir o no la prestación de servicios laborales de sus respectivos trabajadores a los que se refiere esta ejecución provisional.

   La sala de los social había reseñado en su auto que el embotellador único de Coca-Cola debería manifestar su "opción entre recibir la prestación de servicios de los trabajadores durante la tramitación del recurso, en sus respectivos centros de tarbajo y con las ocupaciones previas al despido, o hacer el abono de los salarios sin exigir la prestación de servicios".

   En concreto, el embotellador único finalmente se ha decantado por ofrecer un puesto de trabajo a los 350 trabajadores forzosos a los que les afecta la ejecución provisional de la sentencia del ERE en alguno de los centros productivos de la multinacional.

   Por otro lado, la Audiencia Nacional también dio un plazo de 30 días a la compañía para pagar los salarios a los trabajadores, así como todos los atrasos que deben desde el pasado 1 de abril. Además, la sala subrayó que deberá, "mientras dure la tramitación del recurso", satisfacer a los trabajadores la misma retribución que venían percibiendo con anterioridad a producirse estos hechos.