El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, registrará este lunes una petición para comparecer en el Pleno del Parlamento con el fin de informar sobre el pago de su estancia en el balneario de Las Caldas de Oviedo en agosto de 2010 por cuenta de Aquagest, implicada en presuntos delitos continuados de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales.
Así lo ha anunciado el presidente este lunes, a preguntas de la prensa sobre las resoluciones judiciales del 'caso Pokémon', una del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Avilés, que se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que investigue "presuntas conductas delictivas" cometidas por el presidente; y otra del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que ha enviado la causa al Tribunal Supremo por si se hubiera producido un delito de cohecho.
Diego ha manifestado su intención de registrar esta mañana una solicitud para que la Mesa del Parlamento fije la fecha de su comparecencia ante del Pleno de la Cámara para abordar este asunto, que también afecta al consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Rodríguez, que disfrutó de la misma estancia.
Cuestionado sobre qué tiene que decir respecto a dichas decisiones judiciales, ha señalado: "pues reírme, con todo respeto a los jueces".
Diego ha hecho estas declaraciones antes de intervenir en la jornada sobre 'Aplicación práctica de la Convención de la ONU en el marco de Cantabria', organizada por el CERMI en el Parlamento regional.
