La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, ha alertado este martes de la "alarmante" caída de las órdenes de protección adoptadas en Asturias a partir de las denuncias por violencia de género. Ha hecho un llamamiento a los abogados del turno de oficio que tramitan las denuncias para que cursen también las comparecencias de las órdenes de protección.

   Sanjurjo ha comparecido acompañada por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, para realizar un resumen del informe sobre la aplicación en Asturias de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en el que ha ofrecido datos al respecto de las medidas de protección.

   En el primer semestre de 2014, se presentaron 1308 denuncias por violencia de género, y solo en un 30% de los casos (393) se incoaron solicitudes de órdenes de protección. De ellas, solo 172 (el 43,7%) fueron admitidas.

   Sanjurjo ha explicado que se trata de una tendencia que viene reflejándose desde años atrás. El informe muestra una bajada de muy acusada de medidas de protección adoptadas, especialmente desde el año 2010, cuando se aprobaron 475.

   "Son verdaderamente alarmantes los niveles de denegación de órdenes de protección en Asturias", ha lamentado, para recordar a continuación que la comunidad se sitúa solo por detrás de Cataluña en órdenes denegadas. En relación con la media española, el porcentaje de órdenes adoptadas en la comunidad fue 18 puntos menor en 2013.

   En opinión de Sanjurjo, "hay que trabajar mucho más en colaboración con la Administración de Justicia, para que existan suficientes pruebas, y para que se pueda desarrollar el proceso judicial a partir de la denuncia, porque sin medidas de protección es difícil desarrollar la estrategia". Se ha referido concretamente a los abogados de oficio. Ha recordado que el 80% de las denuncias por violencia de género en Asturias van a los juzgados específicos para estos casos, lo que conlleva un juicio rápido a las pocas horas de presentarse la denuncia.

   "Se resuelve entonces la parte penal pero no la parte civil de la violencia de género, porque semanas después de dictarse la sentencia penal no se han adoptado medidas civiles (en lo referente a aspectos como régimen de custodia o domicilio)", situación no muy buena para que las mujeres opten por solicitar la orden, según considera la directora del Instituto. Por este motivo, llama la atención a los abogados del turno de oficio de violencia de género, que "deben solicitar la comparecencia para la orden de protección, porque es la manera de que se vean los asuntos penales y civiles y que queden resueltos desde el primer momento en que se pone la denuncia".

   No obstante, también ha mostrado su preocupación por el descenso de denuncias, pese a que la cifra ha experimentado un ligero repunte en el último años (2438 en 2013, frente a las 2431 en 2012). En su opinión, también es necesario "redoblar los esfuerzos en las estrategias de sensibilización e información". "La denuncia es muy importante, para poder desarrollar estrategias de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género y es preceptiva para la ruptura con el maltratador", ha matizado.

DIEZ AÑOS DE LA LEY

   Son dos de las conclusiones que ha sacado tras diez años de aplicación en Asturias de la Ley de Protección Integral, periodo en el que han sido asesinadas 18 mujeres en la comunidad, y se han presentado 17.766 denuncias. Además, 3.333 mujeres han pasado por la red de centros de acogida (la Casa Malva, las casas de acogida y los pisos tutelados).

   La directora del Instituto ha considerado la ley "un instrumento muy válido". Entre las medidas aplicadas en Asturias, además de la creación de la red de acogida y de los centros asesores, ha recordado otras como el Observatorio permanente de la Violencia de Género, los programas de prevención y sensibilización o la acciones llevadas a cabo en la red educativa, como el Programa Afectivo Sexual, el programa Eso para la salud o el de Coeducación Infantil.

   La creación del registro Vimpa sobre la evolución de mujeres atendidas, así como la Ley autonómica de Igualdad de Mujeres y Hombres son otros detalles que ha destacado. Por último, se ha referido a las acciones formativas en materia de violencia de género destinadas a personal de la Administración regional, la justicia o la educación, entre otros sectores.