El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo ha presentado este viernes un escrito ante la Fiscalía por el que solicita la investigación a altos cargos del Consistorio que se han visto implicados en la operación urbanística de los Palacios de Calatrava, que incluye la construcción del Centro Comercial Modoo y del edificio Jovellanos II en las parcelas de Buenavista y El Vasco respectivamente.
El portavoz socialista, Alfredo Carreño, ha apuntado directamente al actual alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, al ex alcalde y Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, al edil Jaime Reinares y al diputado del PP en la Junta General, José Agustín Cuervas Mons, como responsables de haber firmado unos documentos relativos a operaciones "susceptibles de ser consideradas delictivas".
Asimismo, el edil socialista ha planteado ante el Fiscal la posible responsabilidad jurídica de la jefa del servicio de contratación del Ayuntamiento, Julia Piñera, el técnico de Urbanismo Ignacio Ruiz Latierro y del interventor municipal, José Luis González.
A todos ellos se les atribuye desde el Grupo Municipal Socialista "posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos" en la mencionada operación, que fue objeto de una comisión de investigación en el Consistorio en el mes de junio y cuyo dictamen definitivo se aprobó en el pleno de julio con la crítica de Foro y PSOE que lamentaron que no se pudieran debatir las conclusiones de cada grupo.
Así, el PSOE ovetense ha pedido a la Fiscalía que investigue "hechos acreditados" como que "el Ayuntamiento y Jovellanos XXI --empresa encargada de realizar las obras-- pactaron supuestamente la elaboración del contrato y la adjudicación de las obras de las parcelas de Buenavista y Jovellanos II antes de que el Pleno Municipal aprobase el concurso definitivo para adjudicar la operación".
Solicitan además que analice si se produjo un menoscabo del patrimonio público de Oviedo "al falsear los costes iniciales del contrato" y si se habrían utilizado los servicios técnicos del Ayuntamiento para llevar a cabo informes específicas que justificaran las modificaciones del contrato.
De igual modo consideran "acreditado" que se transformaron y modificaron los contratos iniciales "de tal manera que se alteró el patrimonio municipal de forma desproporcionada", hecho que desembocó en un "perjuicio económico" para el Ayuntamiento de 95 millones de euros. Finalmente, han solicitado a la Fiscalía que determine las responsabilidades penales pertinentes por la autorización que supuestamente articuló el Ayuntamiento para permitir "de forma ilegal" que Jovellanos XXI constituyese una hipoteca solicitada en marzo de 2010 sobre la concesión del Palacio de Congresos.
Se trata, por tanto, de responsabilidades penales que van más allá de las políticas. "La Fiscalía tendrá que decidir si imputa a estas personas", ha manifestado Carreño en declaraciones a los medios tras presentar el escrito a la Fiscalía junto a los miembros del grupo municipal y el actual candidato socialista a la alcaldía, Wenceslao López.
