El diputado ha estado arropado por la totalidad del grupo parlamentario, que ha querido dejar claro su apoyo y ha hablado de "vendetta" por parte del Gobierno asturiano, del PSOE. El motivo de esa venganza, han argumentado, sería la reciente dimisión de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ante la polémica suscitada por su participación en una empresa que realizó trabajos en obras públicas.

   "Al mismo tiempo que Esther Díaz comparecía en la Junta General del Principado de Asturias y cargaba contra nosotros el lunes día 10 de noviembre, a las 10.31 horas, entraba en el registro de Educación el expediente por el que se iniciaba el acuerdo de revisión de oficio", ha señalado José Antonio Martínez, con el objetivo de demostrar la relación entre las dos circunstancias.

   La portavoz de Foro, Cristina Coto ha llegado a hablar de "prácticas estalinistas" por parte del Gobierno del Principado y le ha acusado de intentar poner en marcha un "ventilador" con el objetivo de intentar intoxicar a la opinión pública. "Pero no somos iguales", ha dicho.

"NO EXISTE INCOMPATIBILIDAD"

   En este punto, Coto ha recordado que la socialista Esther Díaz era un alto cargo de la Administración, sí incurrió en incompatibilidad, y que incluso en su declaración de intereses omitió su participación en la empresa Davelco.

   No ocurre lo mismo, argumentan desde Foro, en el caso de sus diputados Jose Antonio Martínez y Pelayo Roces. Para empezar, ellos no son altos cargos, sino que pertenecen al poder legislativo, no al ejecutivo.

   Pero además, el grupo parlamentario de Foro ha aportado informes del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Uno de ellos, fechado en 2011, concluye que la condición de diputado "no es impedimento legal para ser contratista del sector público, ni estatal, ni autonómico, ni local". Por lo tanto, afirman, no incurrieron en incompatibilidades, algo que incluso avaló en sesión plenaria el pleno de la JGPA. Fueron informes que los propios diputados de Foro solicitaron y que cuentan con el visto bueno de los distintos órganos del Parlamento asturiano. No habrían accedido al cargo, han afirmado, de haber existido un informe desfavorable.

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

   Existe, sin embargo, una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda que afirma lo contrario que el Letrado Mayor de la JGPA y dice que la empresa de Martínez "se encuentra incursa en prohibición de contratar en los términos del artículo 60.1.f de la LCSP al ser su administrador público diputado autonómico", lo que supone "la incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas".

   Preguntada por esa resolución, del mes de marzo, Coto ha dicho que las "opiniones" de ese órgano no tienen fuerza de ley 
Las opiniones de ese tribunal "no tiene fuerza de ley", al tener un carácter meramente administrativo. Martínez ha añadido que esa resolución fue recurrida.