Agroganadería adelanta a esta semana el abono de 17,8 millones del pago único, que beneficiarán a casi 10.000 titulares de explotaciones

• El Gobierno aprueba el proyecto de ley de las cámaras de comercio, que obliga a que sean fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas

• El Ejecutivo ha promovido 27 leyes en lo que va de legislatura, de las cuales 16 ya han recibido el respaldo de la Junta General

• Belén Menéndez Bañuelos, nueva interventora general en sustitución de Fernando Vilanova Plana

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy un gasto de 40,8 millones para financiar ayudas a los agricultores y ganaderos asturianos. De esta cantidad, la consejería de Agroganadería adelantará esta semana 17,8 millones correspondientes al pago único a las explotaciones.

El 19 de febrero, el Gobierno acordó un gasto plurianual de 47,7 millones, que se destinaron a mantener las rentas de los agricultores a través de diversos tipos de ayudas (32,5 millones) y a favorecer el desarrollo rural (los 15,2 millones restantes).

Tramitadas todas las solicitudes recibidas para el mantenimiento de rentas, se constató que la cantidad presupuestada resultaba insuficiente. De ahí esta la nueva autorización por importe de 40,8 millones aprobada esta mañana. En concreto, esta cantidad responde a las siguientes modalidades de ayudas: pago único, compensación de las desventajas específicas que afectan a los ganaderos de leche, pago complementario por superficie para la alimentación de ganado en las zonas de montaña y anticipo de la prima básica de vacas nodriza. Todas son financiadas íntegramente con fondos europeos.

De ese total de 40,8 millones, la consejería de Agroganadería realizará esta semana el pago único a explotaciones. La medida beneficiará aproximadamente a 10.000 ganaderos y agricultores. Con esta iniciativa, la consejería pretende paliar la difícil situación que atraviesa el sector debido a la crisis y a los altos costes de producción a los que tienen que hacer frente los agricultores y los ganaderos.

Iniciativa legislativa

El Gobierno ha dado su visto bueno a dos proyectos de ley, incluida la nueva regulación de las cámaras de comercio, que establece su fiscalización obligatoria por la Sindicatura de Cuentas. Con éstas, en lo que va de legislatura el Ejecutivo ha promovido 27 leyes, de las cuales han sido aprobadas 16.

Los proyectos abordados esta mañana han sido el relativo a la Ley de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación y el de modificación de la ley del Consejo Escolar.

• Cámaras de Comercio

El proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, compuesto por 33 artículos, será remitido a la Junta General para su tramitación por el procedimiento de urgencia con el objetivo de que pueda entrar en vigor cuanto antes. 

La iniciativa legislativa es consecuencia de la Ley Básica de las Cámaras, vigente desde la primavera pasada (ley 4/2014, de 1 de abril). Las comunidades autónomas están ahora obligadas a adaptar su normativa  y el plazo para hacerlo finaliza el 31 de enero de 2015. De ahí que el Gobierno proponga recurrir al procedimiento de urgencia.

Entre otras modificaciones, las cámaras pasarán a denominarse “de “Comercio, Industria, Servicios y Navegación”. También se introducen varias reformas para impulsarlas como entidades de prestación de servicios.

Una de las principales novedades es que prevé tanto procedimientos de integración como de fusión. En el primer caso, una o más cámaras se podrán integrar en otra limítrofe. En el segundo, dos o más cámaras limítrofes pueden constituir una de nueva creación.

Los órganos de gobierno seguirán siendo el pleno, el comité ejecutivo y el presidente. No obstante, la composición del pleno será distinta. A los vocales elegidos por sufragio y a los representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica se sumarán los representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria. La comunidad autónoma determinará cuántos vocales corresponden a cada grupo.

El régimen jurídico y presupuestario también sufrirá modificaciones.  Las cuentas rendidas, junto con la liquidación de los presupuestos y el correspondiente informe de auditoría, serán remitidas a la Sindicatura de Cuentas. Se establecen asimismo ciertas obligaciones de transparencia, como el deber de hacer públicas las subvenciones y recursos públicos que reciban, las retribuciones anuales de los altos cargos y las indemnizaciones percibidas con ocasión de la destitución en su puesto. Todas estas novedades vienen derivadas también de la ley básica (artículo 35).

El sistema de ingresos de las cámaras se basará,  como hasta ahora, en el cobro de los servicios que presten y en las aportaciones voluntarias de empresas y entidades. 

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación surgieron en España a finales del siglo XIX para representar los intereses generales de las empresas. A principios del siglo XX se estableció la afiliación obligatoria a las cámaras, con el consiguiente pago de cuotas. Con los últimos cambios, la adscripción empresarial se realiza de oficio, pero sin que ello conlleve el deber de abonar cuota alguna.

En Asturias existen actualmente tres cámaras de comercio: las de Oviedo, Gijón y Avilés.

• Consejo escolar

El Consejo Escolar del Principado de Asturias está definido legalmente como el órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en los niveles no universitarios. Esa participación social se refleja en la pluralidad de los sectores que representa (artículo 6 de la ley 9/1996, reguladora del consejo). 

El proyecto acordado esta mañana modifica la ley, básicamente en aspectos referidos a la composición del consejo. Así, permitirá la incorporación de un grupo de tres personas relacionadas con la igualdad, la juventud y la discapacidad, cuestiones sobre las que se considera necesaria una visión más específica y profunda.

El resto de cambios tiene como objetivo concretar más el perfil de los consejeros. De este modo, los representantes de los profesores tendrán que ser todos propuestos por los sindicatos, al tiempo que se elimina la restricción  que ahora existe sobre los niveles educativos. En cuanto al grupo de los padres y madres, quienes sean consejeros deberán ser obligatoriamente progenitores de escolares no universitarios.  Con la redacción aún vigente puede pertenecer al Consejo Escolar una persona propuesta por una confederación de padres y madres del alumnado sin que sea necesario que tenga un hijo escolarizado en la enseñanza no universitaria.

Relevo en  la Intervención General

El Consejo de Gobierno ha nombrado a Belén Menéndez Bañuelos nueva interventora general del Principado en sustitución de Fernando Vilanova Plana, quien ha venido ejerciendo el cargo desde agosto de 2012 y que cesa a petición propia en la Administración del Principado para reincorporarse a la Intervención de la Seguridad Social como interventor en Bilbao.

Belén Menéndez Bañuelos (Avilés, 1961) es licenciada en Económicas y en Derecho y, desde el año 1989, funcionaria de carrera de la Administración del Principado, donde ha desempeñado, entre otros puestos, los de secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos (1999-2003), directora general de modernización y sistemas de información (2003-2005), directora del Ente Público de Servicios Tributarios (2005-2007) y letrada del Servicio Jurídico (2008-2013). En la actualidad Bañuelos ocupaba el puesto de directora del área de asuntos económicos del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).

Colaboración con Oviedo para la exhibición de material filmográfico 

El Ejecutivo también ha dado luz verde a la firma de una adenda al convenio de colaboración suscrito  el 12 de noviembre de 2013  entre  la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Oviedo para la exhibición de material filmográfico en equipamientos de titularidad municipal.

El Gobierno del Principado y el Ayuntamiento han colaborado en la exhibición de fondos adscritos a la Filmoteca de Asturias, ahora integrada en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala. En la adenda, ambas administraciones manifiestan el interés y la voluntad de apostar por la continuidad de estas colaboraciones.