El Principado propone alternativas a la privatización de los registros civiles que garanticen un servicio público y gratuito
- El consejero de Presidencia traslada a Catalá su profunda decepción por que ministerio siga sin comprometerse con la financiación de la Asistencia Jurídica Gratuita
Madrid/Delegación.-El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha mostrado hoy su satisfacción ante la retirada por parte del Ministerio de Justicia de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que Asturias, junto a Canarias y Andalucía, se ha venido oponiendo desde la celebración, hace un año, de la última Conferencia Sectorial de Justicia. “Acogemos con satisfacción, porque así lo reclamamos las comunidades autónomas, que se retire la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de toda la parte que tenía que ver con la desaparición de los partidos judiciales y su concentración en uno solo, y la supresión de los juzgados de paz, lo que en Asturias habría supuesto pasar de 18 partidos judiciales a uno y eliminar 60 juzgados de paz”, ha destacado. A pesar de esa satisfacción, el consejero ha recordado que “nunca se nos tuvo en cuenta a las comunidades para el diseño anterior, así que es una satisfacción que al final se haya tenido en cuenta ese criterio”.
Martínez ha realizado estas declaraciones al término de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada esta mañana en Madrid y presidida por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que las comunidades autónomas no han obtenido ningún compromiso en firme sobre la financiación de la Asistencia Jurídica Gratuita. “Es verdad que se nos ha anunciado una posible enmienda en el senado al proyecto de Presupuestos Generales, que nosotros no hemos visto, ya que no contemplan ni un solo euro para este servicio”. El Principado siempre ha reivindicado un modelo de financiación para las comunidades autónomas en el que la distribución y reparto del coste de la Asistencia Jurídica Gratuita se haga anualmente, aplicando un criterio ponderado y proporcional que conjugue lo recaudado en cada territorio en concepto de tasas judiciales con el número potencial de personas con derecho a ella. “En 1986, el Gobierno suprimió las tasas judiciales precisamente para facilitar que toda la ciudadanía pudiera recurrir a la justicia, cualquiera que fuera su situación económica o su posición social –ha destacado el consejero-, por eso nos parece incompresible que casi 30 años después, esta situación se revierta y aun más, en un momento socioeconómico muy vulnerable para tantas personas”, ha lamentado el consejero.
Además, Martínez ha recordado que ante el incremento de la demanda de este tipo de asistencia debido al cambio en la Ley de Tasas, sobre la que el Gobierno ofrece ahora una reforma más equilibrada, y de los baremos para acceder a ella, “el ministerio se había comprometido en su momento a hacerse cargo del mismo, pero dos años después no tenemos ningún compromiso en firme. Ésta es la segunda reunión de la que salimos sin compromiso, por lo que he manifestado una profunda decepción al ministro”.
El Principado también se ha opuesto a la Ley de Registro Civil, aprobada en 2011 con el consenso de todos los grupos parlamentarios del Congreso, pero con la previsión de no aplicarse hasta 2014, ya que los cambios que propone ahora el ministerio prevén que los registradores mercantiles asuman las funciones del Registro Civil, “lo que no es más que una privatización encubierta de este servicio”, ha denunciado el consejero. Supondrá, por tanto, la eliminación de un servicio esencial ya que los registros civiles actualmente presentes en todos los municipios asturianos, desaparecerán a favor de una única sede, el Registro Mercantil ubicado en Oviedo. Martínez ha criticado además la deslealtad institucional del Gobierno central con las comunidades autónoma, ya que fueron convocadas para estudiar esta reforma al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba la medida, sin dar opción alguna a negociarla.
Para evitar esta privatización, Asturias ha llevado a la conferencia sectorial “diversas alternativas, como que sea el propio cuerpo de secretarios quien se encargue de ellos, para que se garantice un servicio público y gratuito, así como la protección de datos, una serie de cuestiones que consideramos fundamentales”.
Por último, Guillermo Martínez ha demandado al ministerio un mayor rendimiento de las conferencias sectoriales, “ya que ha habido dos en tres años y por eso reclamamos que haya un cambio no sólo en el fondo, sino también de talante y en las formas”, propuesta aceptada por Catalá, quien se ha comprometido a realizar más convocatorias y a procurar un trabajo más efectivo de los grupos de trabajo a los que asisten los directores generales.
El consejero ha mostrado también la satisfacción del Principado por la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y Derechos de la Mujer Embarazada, pero ha advertido que la comunidad autónoma se mantendrá vigilante.
