Asturias (E.P.) .-Directores o co-directores de once de los quince Parques Nacionales que componen la Red española han escrito una carta dirigida al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), Basilio Rada, en la que muestran su "honda preocupación" por el texto del proyecto de Ley de Parques Nacionales que será debatido la próxima semana en el pleno del Senado y que puede sobrevenir en "Parques en los que el interés general se supedita al interés particular".

   Así, en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, se refieren en concreto a la enmienda 278 que se ha incorporado a la disposición adicional séptima del citado proyecto y que permitirá actividades, incluida la caza, en los Parques Nacionales hasta 2020 o 2021, al establecer una prórroga de seis años una vez entre en vigor la ley.

   A su juicio, "el significado y los efectos" que derivan de esta enmienda, incluso una vez acotado el plazo, comprometen "muy seriamente la concepción de los parques, la coherencia de la Red y su encaje internacional". Por ello, estiman que es necesario realizar una "profunda reflexión" de esta propuesta para evitar en lo posible que pueda dificultarse de forma importante la consecución de los objetivos de los parques Nacionales que marca el propio proyecto de Ley.

   En su argumentación dirigida a Rada, los firmantes están "convencidos" de que la enmienda implica "socavar en lo más profundo el concepto del interés general y las bases de la existencia" de los Parques Nacionales.

   Además, no les parece "comprensible" que una Ley que presuntamente persigue "afianzar" la Red de Parques Nacionales pueda permitir un golpe sensible a dicha conservación, teniendo en cuenta que incluso establece "medidas excepcionales ante un estado de conservación desfavorable".

   Asimismo, advierten al director del OAPN que las consecuencias de esta enmienda serán "negativas" porque supondrán Parques Nacionales "demorados sine die" y sin una entrada en vigor definicia en parte de su territorio.

   En base a lo anterior, los firmantes añaden en su crítica que el texto es contradictorio con varios aspectos del propio proyecto normativo en trámite y "desacorde" con la doctrina legal de los parques nacionales españoles forjada durante casi un siglo.

RIESGO DE DAÑOS IRREVERSIBLES

   En definitiva, pronostican que serán "Parques en los que el interés general se supedita al interés particular", así como Parques en los que la ejecución de actividades declaradas como incompatibles provocarán "daños irreversibles o difícilmente reparables".

   "Parques y Red de Parques Nacionales asimétricos y cargados con el peso de los agravios derivados del nuevo tratamiento dado a los titulares de derechos privados. Parques y Red de Parques Nacionales cuestionados a nivel mundial porque se reducen las garantías para el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia, con el coste que de ello se deriva en términos de prestigio, valoración turística y reconocimiento de nuestra biodiversidad y geodiversidad", han sentenciado.

   Los técnicos estiman que existen "argumentos sólidos y sobrados" para que no se introduzca la enmienda y que se justifican en la declaración de interés general del Estado; el carácter prevalente del régimen jurídico de protección  establecido; el deber de los poderes públicos por velar por la conservación de los parques nacionales; el reconocimiento de la utilidad pública o interés social; la consideración del riesgo cierto de irreversibilidad que suponen determinadas actividades derivadas de los títulos de derechos que puedan invocarse y por la adopción de los principios de precaución, protección cautelar o de protección preventiva de las áreas excepcionales.

   En este contexto, la carta recuerda a Rada que los Parques Nacionales constituyen una "extraordinaria representación de lo mejor de la naturaleza española con una extensión que apenas supera el 0,7 por ciento de la superficie del país. Al mismo tiempo, tanto individualmente como en su conjunto, a través de la Red, forman parte de la historia de España y son "punta de lanza en la gestión de espacios portadores de la imagen del patrimonio natural colectivo a nivel internacional y aglutinan un tesoro de robustos vínculos sentimentales y afectivos".

   Del mismo modo, destacan los servicios ecosistémicos que proporcionan, tangibles e intangibles que son "imprescindibles" para el bienestar de la sociedad y que son "el espejo en el que se miran" gran parte de las áreas protegidas.

   El texto está firmado por la Directora-Conservadora del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Mercé Aniz i Montes; el director del Parque Nacional de Doñana, Juan Pedro Castellano; el director-onservador del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, José Antonio Fernández Bouzas; el Director-Conservador del Parque Nacional de Garajonay, Ángel Fernández López; el director-conservador del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Manuel Montes Sánchez; el director del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, Ángel Palomares Martínez; el director-conservador del Parque Nacional de Timanfaya, Luis Pascual González; el director-Conservador del Parque Nacional de Monfragüe, Ángel Rodríguez Martín; el director del Parque Nacional de Sierra Nevada, F.Javier Sánchez Gutiérrez; el co-director del Parque Nacional de los Picos de Europa por Cantabria, Agustín Santori López y el co-director del mismo Parque Nacional por el Principado de Asturias, Rodrigo Suárez Robledano.

   Según ha podido saber Europa Press, la misiva fue remitida la semana pasada al Organismo Autónomo Parques Nacionales mientras el Grupo Popular en el Senado estudiaba como modificar el texto para rebajar ese plazo 'sine die'. De este modo, según la enmienda finalmente incorporada en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático al proyecto de Ley pone el fin a estas actividades seis años después de la entrada en vigor a la ley. La ley de Parques Nacionales en vigor, de 2007, ya daba un plazo para "adecuarse" hasta 2017, por lo que de aprobarse en los próximos meses el nuevo proyecto normativo, la prórroga ahora concluiría a finales de 2020 o principios de 2021.

   En todo caso, pese al cambio introducido los firmantes mantienen el espíritu de la misiva porque los argumentos "no han cambiado".