La portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Cristina Coto, ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario acaba de solicitar la constitución de una comisión de investigación parlamentaria para determinar las responsabilidades políticas existentes en relación con las irregularidades en las obras de ampliación del puerto del Musel de Gijón.
Después de que la Comisión Europea exigiera a España la devolución de las ayudas otorgadas --que ascienden a 198 millones de euros más los 49,5 que aún no se han recibido-- por supuestas irregularidades, ilegalidad y fraude, el grupo parlamentario de Foro Asturias pretende abrir una comisión para que PP y PSOE "aparquen su peloteo inútil" en el que cada uno le echa la culpa al otro sobre este asunto y derivar así las responsabilidades políticas que haya.
Según la portavoz de Foro, este es un "escándalo de sobrecostes" en una obra "de gran trascendencia económica y social" para Asturias que podría afectar al PIB de la región.
De ser necesaria la devolución de estas ayudas, supondría para el Principado la pérdida de 247,5 millones de euros. Por ello desde Foro consideran una obligación "incuestionable" que el Principado determine en el marco de sus competencias la legalidad de la ejecución del proyecto de ampliación del Puerto del Musel.
La antesala de la carta remitida por la Comisión Europea fue un informe de la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF), que apuntaba en 2010 a irregularidades en la contratación de la empresa adjudicataria y a sobrecostes en la ejecución de la obra.
A su juicio la empresa adjudicataria, UTE Dique Torres, y la Autoridad Portuaria de Gijón, deben dar explicaciones para determinar desde dónde se realizaron el fraude y las irregularidades, si desde la empresa adjudicataria, desde la Autoridad Portuaria o si fue producto de una connivencia entre ambas. Además ha estimado necesario que Dique Torres explique por qué negó su información contable a la OLAF cuando esta denunció las irregularidades.