Villa notificó esos fondos en el marco de la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno en marzo de 2012 y la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación sobre el origen del dinero. "Las pesquisas se han prorrogado en una ocasión y volverán a ampliarse en las próximas semanas en busca de nuevos indicios sobre el presunto origen delictivo de la fortuna", se indica en la información del diario y recogida por Europa Press.

   De este modo, Fernández Villa "cumplimentó los modelos de declaración 750 (autoliquidación) y el modelo D-750 (relación de bienes y derechos) y los presentó a través de Internet en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En una de las casillas del documento justificó esos ingresos como una supuesta herencia". El exsindicalista pagó a Hacienda 140.000 euros, el 10% de la cantidad aflorada, con el asesoramiento de un abogado de su confianza.

   "Tengo que hablar con mi abogado. Yo ahora estoy al día con Hacienda", fueron algunas de las palabras que Fernández Villa, que ha sido expulsado del PSOE y del SOMA, pronunció al teléfono cuando El País le preguntó sobre el origen de los 1.400.000 euros. En ningún momento reconoció disponer de esa cantidad ni haberse acogido a la amnistía fiscal. Sus hijos Ronaldo y Ángela negaron posteriormente que su padre tuviera esa fortuna.

   La madre del líder sindical, Ludivina Villa, murió en enero de 2011 a los 91 años. Junto a su marido, regentó durante décadas un bar típico asturiano con tienda en el municipio natal del emblema obrero, Tuilla. Casa Hermógenes fue una de las 17 tascas de esta localidad de Langreo que atrajo en los ochenta a 9.000 mineros. El negocio del matrimonio ocupó el bajo de un edificio de dos plantas que pertenece todavía a los Villa. José Ángel Fernández, de 71 años, es el mayor de cinco hermanos. Dos de ellos ya han fallecido.

   Los únicos ingresos conocidos del líder minero corresponden a su actividad como sindicalista, sus cargos como diputado regional y senador del PSOE por Asturias y su pertenencia al consejo de administración de la empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa), puesto del que también se ha pedido su cese.