González Jurado destaca que se ha podido vulnerar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, riesgos biológicos y bioseguridad, puesto que el análisis de los datos recibidos “pone de manifiesto posibles incumplimientos, especialmente en las áreas de formación de los profesionales, evaluación de riesgos y vigilancia de la salud”. 

“Una de las enfermeras que atendieron a los misioneros repatriados acababa de llegar de vacaciones y no recibió la formación obligatoria que marca la ley. En otros casos, aunque sí se les dio el curso formativo, este resultó ser claramente insuficiente y no fue acompañado de los simulacros necesarios para que los trabajadores se adaptasen con seguridad a las condiciones”, apunta González Jurado.

De hecho, de los seis enfermeros designados para atender estos casos, tanto el de los dos misioneros como el de la propia Romero, "sólo cuatro habían recibido formación de 30 minutos" y "tan sólo dos habían practicado la puesta y retirada del traje" antes de entrar a atender a los pacientes.

En cuanto a la evaluación de riesgos, la investigación señala que no se han utilizado desde el primer día las mascarillas FFP3 obligatorias ni las gafas con un sistema anti vaho. Asimismo, no se tiene constancia de que “la administración sanitaria haya facilitado una información y formación adecuada del personal operativo sobre los riesgos reales asociados a los residuos biosanitarios especiales” y tampoco se informó de cómo tenía que ser el manejo post-mortem de los casos.

"No hemos sido consultados"

El presidente de la Organización Colegial señala que pudo existir una infracción del artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dado que no se ha facilitado a los trabajadores afectados una vigilancia adecuada y específica de su salud en relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos realizada por personal sanitario competente. González Jurado ha lamentado que “los profesionales hayan estado en contacto con los contenedores durante su traslado a las esclusas y en el interior de estas, donde el contacto se hace muy cercano.

El CGE ha denunciado que en la elaboración de los protocolos también se ha vulnerado la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias porque no se ha contado con la participación expresa de aquellos profesionales que, como los enfermeros, los deben de aplicar. “No hemos sido consultados y, por lo tanto, no hemos participado activamente en la creación de los protocolos, pudiendo haber corregido alguna de las deficiencias. De esta forma se podrían haber solucionado algunos aspectos como la manera en la que tendrían que actuar los sanitarios si se desmayase un compañero dentro de la sala”, explica González Jurado. En esta línea, ha denunciado que se ha ignorado a los enfermeros a pesar de que son quienes han tenido un “mayor contacto con los pacientes de ébola”, ya que de las 108 entradas registradas en la habitación de aislamiento para realizar actuaciones al primer paciente ingresado en el hospital, 102 corresponden al equipo de enfermería.

Además, resalta que ni en los protocolos del Ministerio de Sanidad ni los del Hospital La Paz-Carlos III se hacía referencia a la formación de los sanitarios, a pesar de que el de la Organización Mundial de la Salud sí lo contempla.

Debido a todas las irregularidades detectadas, el presidente del CGE apunta que los servicios jurídicos del Consejo entienden que se podrían exigir responsabilidad laboral, civil patrimonial y penal.

Aunque González Jurado ha insistido en que no corresponde al Consejo hablar de dimisiones, cree que lo ocurrido en la Comunidad de Madrid es inaceptable. “El máximo responsable de Sanidad de un país o una comunidad lo último que puede hacer es acusar a un enfermo de mentir. Cuando además ese enfermo es profesional del sistema y de forma voluntaria ha tomado una decisión que le puede estar costando la vida (atender al misionero Manuel García Viejo), cuesta entender que siga estando en su puesto”, ha manifestado González Jurado, que ha afirmado que “no tiene perdón de Dios y exigimos su dimisión”.

González Jurado ha valorado positivamente los intentos que se están llevando a efecto desde el Gobierno tras la creación de una comisión de seguimiento de la enfermedad, presidida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pero considera que siguen siendo insuficientes. “Es necesario que se coordine de forma homogénea la formación que se está dando en todas las comunidades a los sanitarios para salvaguardar la seguridad de los pacientes y de los profesionales”, ha recalcado.

Por último, el presidente del CGE ha anunciado que presentará este informe a la Fiscalía, que abrió diligencias para determinar las causas del contagio y ha pedido que a partir de ahora se cuente con los profesionales para actualizar estos protocolos.

Ángel M. Gregoris