Los Verdes de Asturias, hoy integrados en EQUO Asturies, han sido condenados a
pagar 2.000 € de costas por oponerse al recurso dilatorio de Enagás y del Ministerio
de Industria en el proceso referido a la inútil regasificadora de Gijón.
El Tribunal Superior de la Justicia de Madrid dictó hace unos meses una sentencia que
declaraba ilegal la construcción de la regasificadora de Gijón. Una inversión de doscientos
ochenta millones de euros que "estamos pagando (además del beneficio industrial de la
empresa) en el recibo del gas e, indirectamente, de la luz, para construir una instalación
que nunca ha estado en funcionamiento y que no tiene ninguna previsión de poder
hacerlo en un futuro cercano", tal como reconoció la pasada semana el Sr. Piqueras,
portavoz de Enagás. Además, esta regasificadora es ilegal, de acuerdo con el tribunal,
por incumplir las distancias de seguridad con las viviendas que marcaba la ley en el
momento de su construcción.
Enagás y el Ministerio, "con el fin de dilatar el proceso y evitar la demolición de la
regasificadora para que la primera pueda seguir percibiendo dinero de los consumidores
por una instalación que está parada", interpusieron un recurso de casación contra la
sentencia.
Los Verdes de Asturias se opusieron a la admisión a trámite de ese recurso por considerar que
es un asunto ya estaba resuelto en otras sentencias del Tribunal Supremo en las que se basaba
la sentencia recurrida. Pero el Tribunal Supremo ha acordado tramitar el recurso y "nos ha
condenado a pagar 2.000 € de costas a Enagas, la empresa que construyó y cobra por una obra
inútil, y al Ministerio, que acordó hibernar la planta por su inutilidad".
“Esta situación es una muestra más de la necesidad de realizar cambios profundos en
nuestro sistema político. A pesar de saber que la regasificadora es ilegal y que no sirve para
nada, sigue gastándose dinero en construir el gaseoducto y la única organización que tiene que
pagar algo es precisamente la que denunció la situación y a quien se le ha dado la razón. Que
quienes defendemos los intereses públicos seamos quienes deban pagar a quienes
cometieron la ilegalidad es francamente difícil de entender y de aceptar”, explica
Eduardo Campomanes, coportavoz de EQUO Asturies.
“Esta situación nos afecta ahora en EQUO, pero está afectando a otras muchas
organizaciones ciudadanas que están siendo condenadas a pagar costas de los procesos. Las
tasas judiciales y la imposición de costas en los procedimientos contencioso administrativos
son medidas diseñadas por el actual Gobierno, gracias a su mayoría absoluta, para dificultar
la lucha contra los abusos que ellos mismos cometen sobre ciudadanos, asociaciones y
grupos que defienden lo común, como Los Verdes – EQUO. Es la herencia que deja el
exministro Gallardón, una justicia para ricos”, afirma Pilar Calvo, coportavoz de EQUO
Asturies.
