Maqdrid (E.P.) .-Las comunidades autónomas evalúan a la baja a las personas que solicitan una ayuda a la dependencia de modo que parezca que sus necesidades son menores de las que realmente tienen para así "aligerar las facturas sociales", según denuncia LARES, la federación que aglutina a las residencias para mayores gestionadas por fundaciones y ONG.

   Lo explica en el 'IV Mapa LARES de la situación de los centros de mayores del sector solidario en España', que recoge información recopilada por las distintas asociaciones de la federación en todo el territorio nacional y abarca 970 centros y servicios que atienden a unos 70.000 mayores.

   Según afirma, "las Administraciones han encontrado en las valoraciones de Dependencia una vía para aligerar las facturas sociales". "Está prácticamente generalizada la dinámica de asignar a los dependientes índices de dependencia inferiores a los que realmente padecen, recayendo así sobre los centros el sobrecoste que implica atender las necesidades reales de estas personas", denuncia LARES.

   Además, en ocho comunidades autónomas se sobrepasa el plazo de 6 meses que marca la ley de Dependencia para emitir las valoraciones, imprescindibles para acceder a los servicios que requiere la persona dependiente, como una plaza en una residencia o una ayuda económica vinculada a la prestación de algún servicio. En Andalucía, según afirma, se ha retomado ahora la valoración, que ha estado parada dos años.

   El informe denuncia en esta línea que el copago se ha "generalizado" y "extendido a prácticamente todo el territorio", una fórmula mixta de financiación de los servicios sociales de forma que el usuario paga, en virtud de sus ingresos, una parte de la atención que recibe.

   Mientras, los precios que pagan las administraciones autonómicas por las plazas concertadas, que van desde 40 euros por día en Extremadura hasta 88 diarios en Guipúzcoa, están "congelados" desde el 2012 en Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla La Mancha. En Castilla y León, Valencia y Murcia no han variado desde 2009 y en Cantabria, Asturias y Galicia han subido lo que el IPC. En Madrid y Canarias en 2013 cayeron un 14 y un 10%, respectivamente.

   "Estos precios están por debajo del coste real del servicio. Este factor, junto con las valoraciones a la baja de los niveles de dependencia ponen a los centros de gestión solidaria en la tesitura de tener que asumir, de forma unilateral, una función solidaria y de beneficencia que corresponde inequívocamente a las Administraciones", explica el informe.

   En paralelo, algunas comunidades autónomas mantienen deudas con el sector. La más grande la tiene Andalucía, que debe a asociados de LARES 52 millones de euros desde el año 2012. En Canarias están pendientes de cobrar la factura de 4 meses, que hace que planee sobre los centros el cierre de camas y la reducción de puestos de trabajo.

   Los centros de Lares Comunidad Valenciana están también a la espera de cobrar casi 4 millones de deuda, pendiente desde el mes de julio. En Baleares están a la espera de cobrar las plazas concertadas de este ejercicio y la factura asciende a 180.000 euros, conforme los datos que ofrece el informe.

PLAZAS CONCERTADAS QUE NO SE CUBREN

   Las residencias y los centros de mayores acusan además las vacantes en las plazas que obligatoriamente, tienen que reservar para las administraciones públicas. Estas plazas concertadas vacías "son un foco importante de pérdida de recursos económicos" porque si bien antes de "los recortes generalizados" las comunidades pagaban por adelantado una parte en concepto de reserva de la plaza, gobiernos como el andaluz o el valenciano lo han eliminado, generando incertidumbre financiera. Aragón tiene vacantes el 85% pero permite ocuparlas con demanda privada.

   "El principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley es difícil de sostener en el caso de la Ley de la Dependencia, ya que hay significativas diferencias entre la oferta de servicios, las ayudas y el acceso a la atención en los diferentes territorios, y la tarea de unificar el acceso a estos derechos es una labor titánica, tanto desde el punto de vista político como de la gestión", expone Lares.