El dictamen emitido por el Consejo Consultivo concluye que el real decreto-ley invade las competencias autonómicas

• La consejería de Economía considera que la aplicación de la norma sería especialmente lesiva para los pequeños y medianos establecimientos de las dos mayores ciudades de Asturias

• El Ejecutivo refuerza el capital de Asturgar para que la sociedad pueda continuar su labor de apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores

El Consejo de Gobierno ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para evitar que el Ejecutivo central imponga, por medio de un real decreto-ley, la libertad de horarios comerciales en los concejos de Oviedo y Gijón. El Principado ha tomado esta decisión después de conocer el criterio favorable del Consejo Consultivo.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio el Real Decreto-ley de Aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia. Conforme a esa norma, diez municipios españoles –entre ellos, las dos ciudades más pobladas de Asturias, Oviedo y Gijón­- están obligados a declarar parte de su territorio zonas de gran afluencia turística, en las cuales habrá libertad de horarios comerciales. Los ayuntamientos disponen de seis meses para cumplir con esta exigencia; de lo contrario, la libertad de horarios se impondrá no en parte, sino en toda la extensión del concejo.

El Gobierno de Asturias entiende que el decreto-ley invade sus competencias y choca con la política desarrollada por la Consejería de Economía y Empleo para proteger a los pequeños y medianos establecimientos comerciales. Por ello, se planteó la posibilidad de acudir al Constitucional. Una vez que los servicios jurídicos del Principado informaron favorablemente, el Consejo de Gobierno solicitó el dictamen correspondiente al Consejo Consultivo.

En su informe, el Consultivo concluye que el real decreto-ley invade competencias propias de la comunidad autónoma. Con esta norma, el Gobierno central agota la capacidad regulatoria del Principado en los dos ayuntamientos con más habitantes de la comunidad, con la relevancia que ello supone.

Para el Consultivo tampoco está justificada la utilización de un real decreto-ley, reservado por la Constitución (artículo 86) para casos de extraordinaria y urgente necesidad, circunstancias que no concurren en este caso. El dictamen no aprecia conexión entre la situación de urgencia que invoca el Gobierno central y la norma adoptada.

Antes de aprobar la interposición del recurso, el Gobierno asturiano –en concreto, la consejería de Economía- ha mantenido encuentros con las partes implicadas: con asociaciones de comerciantes y con representantes municipales de Oviedo y Gijón. Todos coinciden en que la aplicación del real-decreto no está justificada y puede resultar lesiva para el desarrollo de la actividad comercial; en particular, para los pequeños y medianos establecimientos.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno del Principado ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional en ocho ocasiones. Ordenadas cronológicamente, han sido los siguientes:

1.      Recurso contra los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo (18 de julio de 2012).

2.      Recurso contra el artículo 10.4 del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (18 de julio de 2012).

3.      Recurso contra el artículo 19 de la ley 16/2012, de 27 de diciembre, relativo al impuesto sobre depósitos bancarios (16 de marzo de 2013).

4.      Recurso contra varios apartados del artículo 1º de la ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (28 de agosto de 2013).

5.      Recurso contra la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (enero de 2014).

6.      Recurso contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (28 de marzo de 2014).

7.      Recurso contra el artículo 124 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de Aprobación de medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, en lo referido a la aplicación de un tipo único del 0,03% en el  impuesto de depósitos bancarios (la interposición del recurso fue aprobada en el último Consejo de Gobierno, de 24 de septiembre de 2014).

8.      Y, por último, el recurso aprobado hoy contra los artículos 4 y 7 del mismo real decreto-ley de Aprobación de medidas urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia, pero en este caso por la imposición de la libertad de horarios comerciales (1 de octubre de 2014).

Refuerzo de Asturgar

El Ejecutivo ha autorizado la suscripción y desembolso de nuevas participaciones del Principado en la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (Asturgar), entidad constituida en 1982 para facilitar la financiación de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas mediante la concesión de avales.

La operación se enmarca en el proceso iniciado por Asturgar a la raíz de la aprobación de la Ley de Emprendedores, que obliga a las sociedades de garantía recíproca a disponer de un capital social de al menos diez millones, requisito que debe ser cumplido antes del 28 de febrero de 2015. El objetivo del Gobierno asturiano es responder a esta exigencia para que Asturgar pueda continuar desarrollando su labor.

Asturgar ya realizó una suscripción de derechos pasivos en la que los socios promotores desembolsaron el capital pendiente.  Ahora, con el acuerdo adoptado por el Gobierno, tendrá lugar la suscripción preferente. Los socios que quieran mantener su posición en la sociedad podrán acudir a la ampliación. En este caso, el Ejecutivo ha aprobado la suscripción preferente de acciones  por un valor de 1.685.000 euros.

370.000 euros para mejorar la red de saneamiento de Salinas, en Castrillón

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejería de Fomento, un gasto de 370.766,49 euros para mejorar la red de saneamiento de Salinas, en el concejo de Castrillón. Los trabajos, con un plazo de ejecución de dos meses y medio, consistirán en ampliar el diámetro de un tramo de colector, de 575 metros, situado en el parque de la Deva, con el fin de que la red general pueda acoger un mayor caudal y no se produzcan inundaciones en caso de fuertes lluvias. 

Subvención para la lucha contra la violencia de género en Bolivia

El Ejecutivo ha aprobado la concesión de una subvención de 25.000 euros a la organización Casa de la Mujer de Santa Cruz de Sierra (Bolivia) para luchar contra la violencia machista. El proyecto subvencionado servirá para ofrecer asesoramiento legal y protección a las víctimas, así como para realizar campañas de divulgación y sensibilización.

Casa de la Mujer es una organización que viene trabajando desde 1990 en proyectos de defensa y promoción de los derechos humanos y, especialmente,  de las mujeres. Éste es el segundo año consecutivo que recibe ayuda del Gobierno del Principado para prevenir la violencia de género. El proyecto subvencionado se encuadra dentro de las prioridades establecidas en el Plan Director de la Cooperación Asturiana 2013-2016. La experiencia acumulada indica que los programas dedicados a mujeres tienen un efecto multiplicador y revierten en beneficio de toda la comunidad.

 A lo largo del último año, el Ejecutivo financió, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, iniciativas que beneficiaron a 422.000 personas.  El presupuesto de la agencia para el último ejercicio se elevó a unos 2,5 millones. Más de la mitad del dinero –en concreto, el 60%- se destinó a financiar acciones en diversos países de América central y América del sur. El que más fondos recibió fue El Salvador, seguido de Colombia, Bolivia y Nicaragua.