La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Emma Ramos, ha anunciado este miércoles que el Gobierno asturiano "ha renunciado" a 20 de los expedientes de obras presentados por el Ejecutivo regional para los que se había solicitado la subvención prevista en los Fondos Mineros.

   Esta renuncia se produce después de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso del Abogado del Estado contra una sentencia del juzgado central de octubre de 2013, que obligaba al Estado a abonar a Asturias los fondos mineros correspondientes a convenios de obras caducados en 2011 y en ejercicios anteriores. Así, quedarían aún por resolver en torno a 70 expedientes más, después de que el ejecutivo de Mariano Rajoy bloqueara en diciembre de 2012 estos abonos, que sumarían más de 213 millones de euros.

   En una rueda de prensa, Ramos ha asegurado que el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, ha trasladado al PP que el Ejecutivo asturiano ha renunciado a estos expedientes "porque consideraban que realmente no los cumplían". Asimismo, ha adelantado que desde el Instituto "están trabajando para la devolución de los fondos", aunque ha reconocido que debe estudiarse cada expediente "uno por uno".

   Así, ha explicado que el Principado "acaba de enviar" una serie de documentos que le había exigido el Instituto para estudiar cada caso. Sobre la tardanza y la entrega de justificantes, la diputada ha señalado que, "con la ley en la mano", si se están incumpliendo estos plazos, "no se está cumpliendo la legalidad y en esos casos no tendría que atenderse a esa financiación".

EMPLAZA AL PRINCIPADO A QUE SOLICITE AYUDAS A LA MINERÍA

   En la misma rueda de prensa, la parlamentaria 'popular' ha explicado en qué consistirá el plan de ayudas a la minería 2013-2018, aprobado por Ministerio, sindicatos y empresarios. Este se desglosará en cuatro aspectos, que atenderán en su primer punto a las mejoras en las infraestructuras, líneas de comunicación y la restauración de las zonas degradadas por la minería. Estas ayudas ascenderán a 250 millones de euros a nivel estatal.

   En segundo lugar se destinará una suma económica a los costes laborales, vinculados a planes de empresa. Así, pretenden ayudar a las empresas a "aliviar" las consecuencias de la reestructuración de la industria del carbón, aportando financiación para prejubilaciones e indemnizaciones de despedidos. Otra de las líneas de financiación irá a parar a la creación de empleo, a distintas empresas que presenten iniciativas empresariales o pequeñas inversiones.

   Finalmente en la cuarta de las vertientes la financiación se destinará a la cobertura de pérdidas de producción en las empresas mineras y a facilitar el cierre de empresas mineras no competitivas, tanto públicas como privadas. Para ello se destinarán 63,4 millones de euros.

   Según ha apuntado Ramos, estas medidas "muestran el apoyo del PP al sector minero", ya que favorecerán que las empresas competitivas "puedan continuar" su actividad. Por ello, ha urgido al Principado a que se ponga "en marcha" para ver qué infraestructuras necesita y así poder solicitar las ayudas estatales.