Oviedo (EP). La Junta General del Principado se ha convertido este viernes en el primer parlamento autonómico en aprobar, por los 23 votos que suman PSOE, IU y UPyD frente a los 22 de Foro Asturias y PP, una proposición de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución Española, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en las leyes de consulta, tanto a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) como del Referéndum.

La propuesta, presentada por IU atendiendo a la petición de la plataforma 'Democracia directa', fue defendida por el portavoz de la formación en la Cámara asturiana, Aurelio Martín, quien incidió en su "origen ciudadano" con el respaldado inicial de más de 7.500 firmas.

Martín ha apostado por "mejorar los instrumentos que favorezcan una completa participación de la ciudadanía, máxime en una etapa de crisis económica, social y política", ante la que IU considera que "todas las fuerzas políticas tienen la obligación de cambiar la desafección por confianza", con medidas como esta propuesta de reforma constitucional.

Tras quedar rechazadas las enmiendas de Foro Asturias, el dictamen acordado esta jornada por la mayoría del parlamento asturiano, que será trasladado al Congreso de los Diputados para su debate, propone que el apartado 3 del artículo 87 de la Constitución quede redactado de este modo: "Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.

En todo caso, se exigirán 500.000 firmas acreditadas, y a las proposiciones de iniciativa legislativa popular les será en todo caso de aplicación lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 134. No procederá dicha iniciativa para la aprobación o modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni en materias tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia".

Respecto al artículo 92 de la Constitución, se propone como redacción: "1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a plebiscito de todos los ciudadanos. Esta consulta será convocada por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, o a iniciativa de quinientos mil electores. /2. Podrá ser sometida a referéndum la derogación de leyes en vigor, cuando así lo soliciten ante la Mesa del Congreso de los Diputados quinientos mil electores. El resultado del referéndum será vinculante cuando haya participado en la votación la mayoría de quienes tengan derecho a hacerlo y haya sido aprobado por mayoría de los votos válidamente emitidos.

No procederá a esta iniciativa en materias tributarias, presupuestarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. /3. El plebiscito y el referéndum se realizarán en la misma fecha que los procesos electorales de ámbito nacional siempre que coincidan con el mismo año. /4. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento del plebiscito y de las distintas modalidades del referéndum previstas en la Constitución".

Igualmente, el artículo 166 de la Constitución, en base a la propuesta aprobada por el pleno de la Junta General, quedaría como sigue: "La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en el artículo 87".

APOYO DE PSOE Y UPYD, RECHAZO DE FORO Y PP

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, ha instado a que esta iniciativa se aleje "de la alarma del PP y del triunfalismo de IU", reconociendo que no es una propuesta de los socialistas, aunque la apoyan para abrir el camino frente a " las pulsiones de recentralización y de secesión que están presentes en la vida política y civil española".

"Queremos hacer una llamada de atención frente al inmovilismo que hay en este momento sobre un asunto de vital importancia", ha remarcado Lastra, confiando en que desde Asturias se contribuya así a promover "reflexiones sobre la necesidad de la reforma constitucional".

Desde el PSOE señalan la necesidad de plantear una reforma constitucional más amplia y dirigida a mejorar la delimitación de competencias; reformar el Senado; reconocer las singularidades culturales, lingüísticas y políticas; garantizar los derechos ciudadanos a servicios esenciales; y definir las competencias de la administración, entre otras.

Por su parte, el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha calificado la proposición de "pionera", defendiendo su apoyo por servir a "la promoción de la participación de los ciudadanos y mejorar la democracia directa".

Al contrario, el diputado del PP Matías Rodríguez ha advertido de las "graves consecuencias, de difícil rectificación, que tendría la propuesta de salir adelante definitivamente". Además, aprovechó para reprochar al Gobierno del socialista Javier Fernández que pretenda "mantenerse a cualquier precio dando satisfacción a quien sea necesario".

En cuanto a IU, el parlamentario 'popular' ha criticado que les "dé igual" hacer "perder el tiempo" a la Junta General "en favor de su interés partidista contra el interés general de atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos". "Les gusta la democracia directa y participativa sólo cuando están de acuerdo con lo que se propone, sino la rechazan", ha aseverado en referencia a IU, rechanzado que "una minoría trate a una mayoría como si fuera de segunda por no pensar como ellos". "Es un profundo error", ha zanjado.

Del mismo modo, la portavoz de Foro Asturias, Cristina Coto, ha rechazado la actitud "poco democrática" y la "falta de coherencia" de los impulsores de la proposición y de quienes la apoyan, tras haber frenado una iniciativa popular para el desarrollo de la RedMadre en Asturias.