Gaspar Llamazares alerta de que la privatización puede afectar a más de 4.000 funcionarios y a la intimidad de los ciudadanos.

Jesús Iglesias denuncia que haya registradores que ganan en un mes más que un alto funcionario del Estado en un año

Izquierda Unida  persistirá en su denuncia de las turbias relaciones que envuelven el proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy de privatizar el Registro Civil, cuya gestión sería asumida por los Registradores Mercantiles, un pequeño colectivo que agrupa a poco más de 1.000 funcionarios -entre ellos el presidente del PP y del Gobierno, pero que, sin embargo, no cobran del Estado sino directamente de la ciudadanía sin que, hasta ahora, se aclare cuales son sus ingresos brutos por arancel y que, según diversas fuentes suponen, en muchos casos, para un mes, el salario que percibirían otros funcionarios de Carrera como jueces durante un año. 

El diputado nacional Gaspar Llamazares, y el senador por Asturias, Jesús Iglesias, insistieron esta mañana en la necesidad de desentrañar el nuevo modelo de funcionamiento del Registro Civil y, al tiempo, poner coto a la actividad de los registradores mercantiles para dar transparencia a una función pública que vive casi de espaldas al Estado, salvo en la oposición para la plaza.

Gaspar Llamazares exigió al Gobierno que aclare su posición respecto a la privatización del Registro Civil, algo importantísimo a su juicio, porque "porque afecta a la intimidad de los ciudadanos, porque además afecta a más de 4.000 funcionarios". El diputado de IU alertó de la opacidad de un proceso en el que, dijo, "podemos encontrarnos ante unas turbias relaciones entre el registro e intereses desconocidos"

Respecto a los salarios de los registradores, Jesús Iglesias señaló que la escasa o nula información: "sabemos que tienen unos ingresos cuantiosos pero que nadie, en realidad, puede ni tan siquiera acercarse a lo que significan, con carácter global en el conjunto del Estado".

Y es que el funcionamiento de los registradores mercantiles a los que ahora se quiere ampliar competencias con la asignación de la gestión del Registro Civil, es una anomalía en la prestación de servicios públicos ya que, a pesar de ser funcionarios, con plaza en propiedad, no son remunerados por el Estado, sino que son sus clientes quienes lo hacen, en un modelo "cautivo", ya que la ciudadanía no puede elegir registro, estando adscrito al que le corresponde en cada momento.

"Son una especie de funcionarios entre comillas muy peculiares puesto que acceden a la plaza a través de un proceso de oposición –eso es en lo único que realmente aparecen como funcionario, más allá de desarrollar una actividad propia de las administraciones públicas- pero a partir de ese momento, de sacar la plaza, dejan de ser tales, en tanto en cuanto, los ingresos que perciben no es la remuneración que pagan las administraciones públicas a los funcionarios, sino lo que reciben de sus clientes, de los ciudadanos que tienen que acudir a realizar las acciones registrales correspondientes y que, además, lo hacen sin poder elegir a qué registro han de acudir: van al registro que les toca, que les corresponda. No hay ninguna posibilidad de libre concurrencia", explicó el Senador.

Iglesias describió al colectivo como sector que conjuga lo mejor de ser un trabajador del Estado y lo mejor de las actividades lucrativas: "tiene lo mejor de la función pública, de la administración, que es tener garantizado el trabajo, garantizada la clientela, y lo mejor de la actividad privada, que es tener unos ingresos muy por encima, duplicando, triplicando, cuadruplicando, sextuplicando, la mejor remuneración dentro de los funcionarios, dentro de las administraciones públicas". Para el Senador, esta situación especial choca con la transparencia en la función pública, ya que, a pesar de ser funcionarios, la opacidad es total. Iglesias presentó recientemente una pregunta en la Cámara Alta para que el Gobierno aclare cuál es la percepción bruta por arancel -los ingresos reales de los registradores- y que, hasta la fecha, son desconocidos.

Ayer mismo, Izquierda Unida denunciaba las turbias relaciones que se han detectado en los procesos de ampliación de competencias de los Registradores Mercantiles, con contratos millonarios por precios superiores a los de mercado, así como lo que parece un conflicto de intereses entre altos cargos del Ministerio de Justicia encargados del pilotaje del cambio de modelo y que también serían registradores mercantiles, como el propio presidente del Gobierno de España.