El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016; el Plan Anual de Política de Empleo 2014 y la distribución de más de 1.200 millones de euros a las comunidades autónomas para políticas activas. Además, ha presentado sendos informes sobre la futura cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo y sobre la reforma del Sistema de Formación para el Empleo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha argumentado que estamos en un escenario económico muy diferente al del inicio de la legislatura, ya que las cifras reflejan que desde que comenzó la crisis se está produciendo un crecimiento sostenido del empleo y a la vez una caída del desempleo. Báñez ha indicado que en el último año 230.000 personas se han incorporado al mercado de trabajo y el paro registrado se ha reducido en 270.000 personas. Además, en el segundo trimestre de 2014, tras 23 trimestres de caída, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se equipara al crecimiento del empleo.

La ministra ha reconocido que más de cuatro millones de ciudadanos están desempleados, por lo que el reto del Gobierno es insertarlos en el mercado laboral, en especial a los colectivos con mayores dificultades. En este sentido, ha recordado que el presidente del Gobierno se comprometió con los presidentes de las comunidades autónomas, en la Conferencia de Presidentes de octubre de 2012, a "analizar, evaluar, poner orden y modernizar las políticas activas de empleo".

En la misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que "el desafío ahora es la incorporación de más desempleados al mercado de trabajo para que participen en la reactivación económica".

Fátima Báñez ha asegurado que nunca han faltado los recursos para políticas activas de empleo, pero han fallado la eficacia, la evaluación, el seguimiento y los resultados de esas políticas. "El reto que tenemos es que los recursos se transformen en resultados", ha dicho.

Para alcanzar este objetivo, la ministra ha explicado que ya se han puesto en marcha iniciativas en colaboración con las comunidades autónomas y la iniciativa privada, entre las que ha destacado el portal único de empleo, la Formación Profesional Dual, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Programa de Garantía Juvenil.

A estas iniciativas, se suma la Estrategia Española de Activación para el Empleo que orientará las políticas en función de los resultados, de tal manera que la evaluación de los resultados condicionará la distribución de fondos de ejercicios posteriores. "Ningún país de nuestro entorno, ni siquiera Alemania, vincula después de la evaluación los fondos del año siguiente a resultados. España lo está haciendo progresivamente y lo va a hacer intensivamente a partir del año próximo", ha dicho Báñez.

La Estrategia, a su juicio, además de mejorar la empleabilidad optimizará la calidad de la formación para el empleo, vinculará políticas activas y pasivas e impulsará el emprendimiento. También cuenta con objetivos a largo plazo, entre los que ha resaltado la atención especializada a cada desempleado y la modernización de los servicios públicos de empleo.

El Gobierno también ha aprobado el Plan Anual de Política de Empleo para el año 2014, que concreta la Estrategia y responde a seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, el Ejecutivo ha acordado la distribución de 1.251 millones de euros a las comunidades autónomas que tienen competencias para ejecutar políticas activas de empleo. Fátima Báñez ha avanzado que el año que viene el 60% de los fondos se asignará en función de los objetivos.

Cartera de servicios y formación

El Consejo de Ministros ha analizado un informe sobre la futura Cartera Común de Servicios de Empleo que garantizará que los trabajadores accedan a los servicios de empleo en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional. La Cartera estará integrada por cuatro servicios: orientación profesional; colocación y asesoramiento a empresas; formación y cualificación para el empleo y asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento.

El Gobierno también ha estudiado un informe sobre la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, elaborado con las aportaciones de los interlocutores sociales y las organizaciones sindicales y empresariales.

Fátima Báñez ha subrayado que las políticas de Formación Profesional no están dando resultados porque seis de cada diez alumnos no adquirió nuevas habilidades o destrezas aplicadas al mercado de trabajo y sólo el 17% obtuvo un empleo relacionado con el curso al que asistió. Además, entre 2007 y 2013 más de la mitad de los trabajadores que no habían superado la educación primaria perdieron su empleo mientras que el número de ocupados con estudios superiores se incrementó en un 2%.

La reforma del modelo, ha adelantado la ministra, entrará en vigor el 1 de enero de 2015 e irá orientado a satisfacer las necesidades del tejido productivo. Los trabajadores tendrán una cuenta en la que se certificará y sumará toda formación recibida en su vida laboral. La evaluación de la calidad de los servicios será continua y se creará una unidad especializada de inspección de trabajo para evitar el fraude.

Reforma de la Ley Concursal

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley sobre medidas urgentes en materia concursal, cuyo objetivo es facilitar los acuerdos que permitan la supervivencia de empresas que entren en un proceso concursal.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho la medida trata de garantizar la supervivencia de empresas con dificultades financieras pero que son viables. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos ha precisado que de todas las empresas que entran en procedimiento concursal, el 95% se liquida, y este porcentaje es muy superior a los de otros países de nuestro entorno. En esta línea, en opinión del ministro una "empresa viva es algo que vale y es mucho más fácil evitar que se destruya o que desaparezca una empresa que crear una nueva".

El ministro ha explicado que la norma completa las medidas ya implantadas para la fase preconcursal y actúa en el procedimiento concursal facilitando el acuerdo entre los distintos tipos de acreedores: públicos, financieros, laborales y comerciales. A partir de ahí se aplica un procedimiento para la toma de decisiones que permite reducir el endeudamiento y convertir deuda en capital en función de las decisiones que tomen los acreedores.

Por otra parte, la medida favorece que los acreedores privilegiados, es decir que tienen una garantía hipotecaria, no obstaculicen la toma de decisiones sobre la globalidad del endeudamiento de las empresas.

El Real Decreto Ley facilita la venta del conjunto de una empresa y evita que se vaya vendiendo por distintos tipos de activos, lo cual lleva a su desaparición. Luis de Guindos ha dicho que se facilitará la transmisión, la subrogación de los diferentes tipos del nuevo comprador en relación con los anteriores y se establecerán una serie de actuaciones que, en su opinión, "van a impulsar que las empresas que están en concurso en su fase final puedan mantener su actividad", lo cual es favorable para el conjunto de la actividad económica, para sus trabajadores y para los acreedores que tendrán garantizados un porcentaje de cobro superior al que hubieran obtenido en el supuesto de la liquidación de las mismas.

El texto da cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma que el deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si esta se fundara en la existencia de una cláusula contractual abusiva.

Además, contempla la creación de un portal telemático en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la información de las empresas en liquidación para que los potenciales compradores puedan tener una información actualizada. También se creará una comisión de seguimiento que analizará cómo evoluciona el nivel de endeudamiento y propondrá medidas al Gobierno para mejorar la reducción de la deuda.