Asimismo, ha destacado el compromiso del Gobierno del socialista Javier Fernández desde el inicio de la legislatura con el fomento de la calidad y la regeneración democráticas durante su intervención en sede parlamentaria para presentar el proyecto de Ley de Transparencia del Ejecutivo para su debate en la Junta General.

   Martínez, que ha resaltado la importancia de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, así como su derecho a opinar y proponer, ha apuntado que partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como entidades privadas que perciban ayudas superiores a 50.000 euros, estarán sometidos a la normativa sobre publicidad activa.

   Según ha comentado Martínez, el número y retribuciones de los empleados públicos, los contratos de alta dirección y la evolución de la deuda de la Administración autonómica estará a disposición de la ciudadanía. Asimismo, si se aprueba ley se promoverán consultas ciudadanas para testar el grado de satisfacción con las políticas del Gobierno asturiano, así como la elaboración de un Plan Estratégico de Transparencia.

   Igualmente, ha hecho hincapié en que la ley permitiría un mayor control y seguimiento en la Administración del Principado, ordenando el modo en que la ciudadanía accede a la información pública y la forma en que ésta es suministrada "para preservar el derecho de los asturianos a un conocimiento veraz" de lo público, especialmente en el uso y administración de los recursos.

   Entre los aspectos más novedosos que aporta la ley, a juicio del Ejecutivo, ha destacado la ampliación del ámbito de evaluación de las políticas públicas con el objetivo de mejorar la calidad y la transparencia de las mismas y con independencia de que se articulen en planes plurianuales o en otro tipo de documentos estratégicos.

   Además, ha recordado que la norma contará con un Distintivo de Transparencia que reconocerá las buenas prácticas de instituciones, entidades y organismos, al tiempo que implicará la creación del Consejo para la Transparencia del Principado, adscrito al Consejo Consultivo, y la Comisión de Transparencia como órganos para velar "por el buen cumplimiento de la norma".

   Al respecto, ha explicado que al Ejecutivo no le parecía que adecuado crear un nuevo órgano para el Consejo de Transparencia cuando el Consultivo tiene "una trayectoria consolidada y de independencia contrastada". "El Principado no contempla la creación de un nuevo órgano", ha apuntado.