En el lado opuesto estarían Baleares, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana, que según el ranking elaborado por esta entidad son las que presentan "peores" servicios sanitarios.

   Tal y como ha señalado su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, en los últimos años todas las comunidades han deteriorado su salud pública, por lo que "el hecho de que alguien esté mejor en un grupo que está mal no significa que esté bien".

   El estudio se ha llevado a cabo a partir de diferentes datos oficiales de 2014 y 2013 publicados por el Ministerio de Sanidad y las comunidades relativos a gasto sanitario por habitante, número de camas por habitantes, médicos de Atención Primaria y especialistas por habitantes, listas de espera, gasto farmacéutico, satisfacción de los usuarios, etc.

   De este modo, el ranking autonómico de "mejores" servicios sanitarios está encabezado por Navarra, por segundo año consecutivo, seguida de Aragón, País Vasco, Asturias y Castilla y León. Estas cinco regiones, según ha reconocido el portavoz de la FADSP, han ocupado los cinco primeros puestos durante los últimos cinco años con cambios en posiciones relativas, aunque desde 2012 mantienen el mismo orden.

   Generalmente, ha explicado Sánchez Bayle, existe una relación directa entre la calidad del servicio y el presupuesto que cada comunidad dedica a la sanidad. No en vano, País Vasco destina 1.540 euros por habitante a sanidad, seguida de Aragón (1.432), Navarra (1.397) y Asturias (1.388).

   "Si hay menos presupuesto, hay menos personal sanitario y menos actividad asistencial, lo que repercute en un aumento de las listas de espera", ha defendido.

   Tras este grupo estarían Andalucía, Cantabria, Galicia y La Rioja, cuyos servicios sanitarios son "regulares" según la FADSP, mientras que Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid cuentan con unos servicios "deficientes".

   Además, en este último año llama la atención el caso de la comunidad extremeña, que ha retrocedido tres posiciones, y Galicia, que baja dos puntos en el ránking, los mismos que ha subido Castilla-La Mancha.

RECORTES CONTINUOS DESDE 2009

   Los motivos que han llevado a las comunidades a esta situación, según Sánchez Bayle, son los recortes económicos que se han producido desde 2009 y que, a su juicio, se seguirán sucediendo en los próximos meses. Esto ha propiciado que mientras que en 2009 el presupuesto liquidado de las comunidades ascendía a los 70.000 millones de euros, en este año se ha reducido hasta los 52.000 millones.

   Esto hace que hayan disminuido "de manera muy notable" las plantillas de los centros sanitarios, al tiempo que se hayan cerrado camas, disminuido actividad de los quirófanos, alta tecnología. De hecho, según calcula la FADSP, se estima que en el sistema sanitario público hay 53.000 trabajadores menos que hace unos años.

   El problema de todo ello, ha añadido, es que este menor dotación de recursos conllevará un deterioro de la salud de los ciudadanos que "por el momento todavía no se puede cuantificar". "Sabemos que la mortalidad a nivel global ha aumentado, y a largo plazo acabará repercutiendo en la salud", ha avisado.

LA REFORMA DE 2012, UN "FRACASO ESTREPITOSO"

   A ello habría que añadir el impacto de muchas de las medidas que incluía la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad en 2012, que para la FADSP ha supuesto "un fracaso estrepitoso" que deja "motivos suficientes" para poder considerar a la titular del ramo Ana Mato como "la peor ministra de Sanidad que ha tenido España".

   Entre las medidas de dicha reforma, ha destacado la norma que dejó sin asistencia sanitaria a la población inmigrante "con consecuencias dramáticas e incluso mortales"; y el nuevo sistema de copago para los medicamentos, que ha hecho que hasta un 15 por ciento de los ciudadanos no puedan comprar los fármacos que necesitan (y hasta un 20 por ciento en el caso de los pensionistas).

   Además, Sánchez Bayle ha avisado de que, junto a los recortes, otra de las amenazas para la sanidad pública en los próximos meses serán las privatizaciones, que siguen incrementándose en la mayoría de comunidades a pesar de que "suponen un sobrecoste de entre 7 y 9 veces sin mejorar la calidad de la atención".